La Municipalidad de Vicuña informó los resultados del sumario administrativo que reveló el robo de más de 30 millones de pesos en recaudaciones del Juzgado de Policía Local, hechos ocurridos durante la administración del exalcalde Rafael Vera Castillo.
El proceso, iniciado en septiembre de 2024 tras una denuncia interna, permitió establecer responsabilidades administrativas en una serie de irregularidades cometidas en dicho período. Tras meses de investigación, el fiscal instructor acreditó faltas graves al principio de probidad, proponiendo la destitución de dos funcionarias —identificadas con sus iniciales L.M.F. y M.M.T.— y sanciones de censura para otros dos funcionarios, quienes incumplieron su deber de supervisión jerárquica.
El alcalde Mario Aros Carvajal firmó el decreto que aprueba la vista fiscal y aplica las sanciones correspondientes, subrayando la política de “tolerancia cero” hacia prácticas de corrupción.
“Estos hechos ocurrieron bajo la gestión anterior y muestran un patrón de manejo irregular que lamentablemente se repitió en distintas áreas del municipio, como el recordado caso de los tickets adulterados del Observatorio Mamalluca en 2013. Hoy estamos cerrando esa etapa oscura y construyendo una municipalidad transparente, moderna y de cara a la gente”, indicó el alcalde.
Querella en curso y diligencias de la Fiscalía
La municipalidad precisó que ya existe una querella en trámite ante el Juzgado de Garantía de Vicuña. Esta acción fue presentada durante la fase indagatoria del sumario administrativo, una vez que se determinó el monto total de la defraudación.
En el marco de esta causa penal, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones han realizado diligencias en el patrimonio de las funcionarias inculpadas, con el objetivo de recuperar los recursos sustraídos y determinar eventuales responsabilidades penales.
“No basta con las sanciones administrativas. Por eso presentamos una querella y hemos colaborado con la Fiscalía en todo momento. Los recursos municipales son de los vecinos y nuestra obligación es protegerlos”, enfatizó el alcalde Aros.
Sanciones y medidas futuras
El decreto establece que las funcionarias destituidas no podrán ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años, conforme a la Ley Nº 18.883. Las sanciones serán efectivas una vez afinado el procedimiento administrativo.
La administración actual reiteró su compromiso con la probidad, el orden y la transparencia, reforzando los mecanismos de control interno y la rendición de cuentas para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir en Vicuña.
