La comuna de La Higuera fue una de las más afectadas del país por el robo de cables de cobre durante los años 2023 y 2024, provocando graves pérdidas económicas y cortes prolongados de energía, especialmente en sectores rurales.
Este martes, el senador Daniel Núñez, la consejera regional Valeria Chacana y el concejal Urbano Morales se reunieron con vecinos afectados para evaluar la presentación de una demanda civil colectiva que permita obtener compensaciones por los perjuicios causados por la banda liderada por Francisco San Martín, actualmente en prisión preventiva.
La organización delictual fue desbaratada en abril de este año en la Operación Oro Rojo, tras una extensa investigación de la Policía de Investigaciones de Chile. La red robaba, procesaba y exportaba cobre hacia India y Bélgica, generando millonarias ganancias ilegales.
Francisco San Martín —exdirigente político— cuenta con un cuantioso patrimonio, el cual podría ser utilizado para indemnizar a las comunidades afectadas.
Testimonios de los afectados
Boris López, dirigente de la comunidad de El Trapiche, relató las consecuencias que enfrentaron los vecinos durante años sin suministro estable:
“Tres bombas quemadas de APR, 9 a 11 horas sin luz al día… los refrigeradores se descongelaban, la mercadería se echaba a perder y teníamos un vecino electrodependiente que sobrevivió gracias a la solidaridad de la comunidad”, explicó.
López añadió que durante los prolongados cortes, la inseguridad aumentó y las gestiones ante Compañía General de Electricidad (CGE) no dieron resultados.
Acciones legales en curso
El senador Núñez indicó que ya se han recopilado casos concretos y documentados de perjuicio:
“Nos parece fundamental que las bandas que se enriquecieron con el robo de cables no solo enfrenten cárcel, sino que también indemnicen a todos los afectados”.
En la misma línea, el concejal Morales explicó que la acción judicial busca compensar daños materiales, económicos y de salud, mientras que la consejera Chacana adelantó que se levantarán más antecedentes para robustecer la querella.
De prosperar la acción legal, los vecinos podrían acceder a una compensación económica por los perjuicios ocasionados durante más de tres años de interrupciones eléctricas y daños colaterales.
