Auditorías internas y denuncias judiciales destaparon graves irregularidades financieras, malversación de fondos y exhumaciones sin registro en la Corporación Gabriel González Videla. El municipio presentó múltiples acciones legales y busca restablecer la transparencia institucional tras años de presunta mala administración.
Una compleja trama de corrupción y desorden financiero salió a la luz en la Corporación Gabriel González Videla (CGGV) de La Serena, luego de que la actual administración encabezada por la alcaldesa Daniela Norambuena iniciara una serie de auditorías y revisiones internas.
El proceso derivó en la presentación de seis querellas y una denuncia formal ante la PDI, revelando hechos que van desde fraude al fisco, malversación de fondos y uso de documentos falsos, hasta inhumaciones y exhumaciones sin autorización legal.
Según las investigaciones, la corporación —encargada de administrar los servicios de educación, salud y cementerios municipales— habría sido utilizada durante años como una “caja pagadora” para favorecer intereses particulares de exfuncionarios y terceros.
Red de delitos e investigaciones en curso
El secretario general de la CGGV, Nilo Lucero, confirmó que actualmente existen múltiples causas en tramitación ante el Tribunal de Garantía de La Serena.
“Durante años se normalizaron prácticas que afectaron directamente los servicios públicos esenciales. Hoy nuestra prioridad es denunciar, colaborar con la justicia y resguardar los recursos que pertenecen a todos los serenenses”, afirmó.
Entre los casos más relevantes se encuentran:
- Fraude en salud municipal: Se detectó el uso de boletas y facturas falsas que simulaban servicios no prestados, con un perjuicio estimado en más de $750 millones. La causa ya suma 22 imputados, de los cuales cuatro permanecen en prisión preventiva y 18 con arresto domiciliario total.
- Cotizaciones impagas: Desde 2014 hasta 2024 se habría omitido el pago de cotizaciones previsionales a trabajadores de salud, educación y administración, vulnerando derechos laborales y previsionales de cientos de funcionarios.
- Traspasos indebidos y déficit financiero: Se descubrieron traspasos irregulares entre cuentas de salud y educación, que provocaron un déficit superior a los $1.800 millones, además de cheques protestados y sobregiros bancarios.
- Exhumaciones sin autorización: Uno de los hechos más graves corresponde a procedimientos irregulares de traslado y disposición de restos humanos sin registro ni trazabilidad, configurando delitos de profanación de sepulturas e inhumación ilegal.
- Falsificación de documentos y contratos irregulares: Se detectaron facturas adulteradas y cotizaciones falsas para justificar pagos, además de tratos directos con empresas vinculadas a funcionarios o familiares.
- Uso indebido de fondos SEP: Una empresa se adjudicó un contrato por cerca de $30 millones con cotizaciones falsificadas, desviando recursos de la Subvención Escolar Preferencial destinados a mejorar la calidad educativa.
Impacto y acciones legales
La Fiscalía de La Serena mantiene activas diversas investigaciones por fraude al fisco, malversación, estafa, asociación ilícita y lavado de activos.
Paralelamente, el municipio ha presentado denuncias ante la PDI por negociación incompatible, vinculando a un funcionario que habría adjudicado contratos de cementerios municipales a empresas de familiares, utilizando “palos blancos” para encubrir los vínculos.
La alcaldesa Daniela Norambuena aseguró que la prioridad de su administración es recuperar la transparencia y la confianza ciudadana:
“Estamos enfrentando un daño profundo a la gestión pública. No vamos a permitir la impunidad ni el silencio. Cada peso mal utilizado será investigado y cada responsable deberá rendir cuentas”, afirmó la jefa comunal.
Reestructuración y control
La Corporación Gabriel González Videla atraviesa un proceso de reorganización interna y fortalecimiento de sus mecanismos de control. Se han implementado nuevas auditorías, suspensión de funcionarios involucrados y coordinación con organismos fiscalizadores externos.
Mientras la justicia avanza en determinar responsabilidades penales, el municipio busca restablecer la confianza en una institución clave para los servicios esenciales de La Serena, hoy afectada por una de las crisis administrativas más graves de su historia reciente.
