El tribunal de alzada acogió un recurso de protección tras considerar arbitraria e ilegal la invalidación de la contrata de la trabajadora, quien estuvo separada de su cargo pese a encontrarse divorciada desde hace tres años.
La Corte de Apelaciones de La Serena resolvió acoger el recurso de protección presentado por una funcionaria municipal en contra de la Contraloría General de la República, ordenando a la institución disponer las medidas necesarias para pagar las remuneraciones adeudadas durante el tiempo en que estuvo separada de su cargo.
El caso se originó luego de que la Contraloría invalidara la contrata de la trabajadora, argumentando que subsistía un parentesco por afinidad entre cónyuges, pese a que la mujer se encontraba divorciada desde hacía tres años.
En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por el ministro Carlos Jorquera Peñaloza, la fiscala judicial Pilar Aravena Gómez y el abogado integrante Jorge Fonseca Dittus, estableció que el actuar del ente contralor fue arbitrario e ilegal, vulnerando derechos fundamentales de la recurrente.
El razonamiento del tribunal
“De una falta de motivación y justificación, desatendiendo antecedentes de hecho que desvirtúan la interpretación arribada, se privó a la actora de su cargo y remuneraciones, atentando contra su derecho de propiedad”, señala la sentencia.
El fallo agrega que, aunque Contraloría Regional de Coquimbo reconoció posteriormente el error e invalidó la primera resolución tras un recurso de reposición, no resolvió el vacío respecto al pago de los sueldos no percibidos, lo que llevó al tribunal a acoger la acción constitucional.
Por ello, la Corte resolvió:
“SE ACOGE, con costas, la acción constitucional interpuesta en contra de la Contraloría General de la República, sólo en cuanto la recurrida deberá disponer las medidas tendientes al pago de las remuneraciones de la funcionaria durante el tiempo que duró su separación del servicio”.
Explicación judicial
Tras conocerse la resolución, la fiscala judicial Pilar Aravena explicó:
“No existe parentesco por afinidad cuando los cónyuges se encuentran divorciados, como en este caso. La Contraloría reconoció su error, pero quedó un vacío respecto de la remuneración. Esta Corte estableció que se vulneró el derecho de propiedad y ordenó el pago respectivo”.
Con este fallo, la Corte de La Serena reafirma la obligación de la Contraloría de reparar los perjuicios económicos generados por su decisión inicial, asegurando la restitución de los derechos de la funcionaria afectada.
