Más de 40 mujeres siguen sin recibir su salario y beneficios tras el término del contrato con la empresa de aseo
Una compleja situación enfrentan más de 40 trabajadoras de aseo que prestaban servicios en la Atención Primaria de Salud de Ovalle, quienes no han recibido sus sueldos correspondientes al mes de marzo ni sus finiquitos, luego del término del contrato entre la Municipalidad de Ovalle y la empresa Ecoclean Limarí Spa, por presuntos incumplimientos contractuales.
Ante esta problemática, la diputada por la Región de Coquimbo, Nathalie Castillo, se reunió con las afectadas y manifestó su respaldo, anunciando gestiones ante el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. La parlamentaria ofició al subsecretario Pablo Chacón Cancino y a la Seremi de la cartera para conocer en detalle las condiciones del proceso de desvinculación.
“Es el municipio de Ovalle quien debe responder y entregar los recursos para saldar esta deuda, que es un derecho y una necesidad urgente para ellas. Necesitamos que el ministerio se haga parte y se transparenten las acciones frente a esta situación que afecta directamente a mujeres jefas de hogar. Junto a nuestra concejala Fanny Vega y Ricardo Rojas, quienes ya plantearon el tema en el Concejo Municipal, nos comprometemos a seguir coordinando y buscando acuerdos hasta que se haga justicia”, afirmó la diputada Castillo.
La parlamentaria también advirtió que este tipo de situaciones no pueden repetirse, destacando la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización para proteger a trabajadores que prestan servicios bajo subcontratación.
Mientras tanto, las ex trabajadoras —en su mayoría dueñas de casa— enfrentan un grave perjuicio económico que afecta directamente a sus familias. Algunas fueron reincorporadas al Departamento de Salud Municipal, pero bajo la modalidad de boleta de honorarios, lo que las deja sin protección laboral ni previsional.
Según antecedentes publicados por El Ovallino, en abril la municipalidad retuvo el pago a Ecoclean debido a cotizaciones previsionales impagas, lo que facultaba al municipio a transferir directamente los montos adeudados a las trabajadoras. Sin embargo, la Tesorería Provincial de Ovalle notificó un embargo de los fondos relacionados al contrato, en el marco de una causa judicial por una deuda tributaria superior a 102 millones de pesos que mantiene la empresa con el fisco.
