Un Conflicto que Resurge: La Realidad Actual
El Valle de Camisas, en la comuna de Salamanca, vuelve a ocupar titulares. Cuatro años después de la filtración documentada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en 2021, las comunidades de Arrayán, Palquial, Colliguay, Peladeros y otros sectores viven un conflicto que se ha intensificado con los incidentes de mayo y julio de este año. Protestas, bloqueos, declaraciones cruzadas y desconfianza marcan un escenario que amenaza con convertirse en uno de los mayores conflictos socioambientales del Choapa en la última década.
Las imágenes más recientes del Valle de Camisas en agosto de 2025 revelan una verdad incómoda: el conflicto no terminó en 2021. Las protestas continúan, los bloqueos se mantienen, y las comunidades de Arrayán, Palquial, Peladeros y Colliguay siguen organizándose ante lo que perciben como una conducta reiterada de Minera Los Pelambres.
La entrada de TVN documenta la situación actual: “Vecinos del Valle de Camisas en la comuna de Salamanca acusan a Minera Los Pelambres de contaminar el estero con relaves. Exigen agua potable segura, retiro de piscinas de emergencia y compensaciones no monetarias para las familias”. Los pozos de APR que abastecen a cientos de familias llevan cuatro años cerrados por el Servicio de Salud.
La situación ha escalado no solo por la gravedad del daño denunciado, sino también por una narrativa mediática que intenta minimizar o deslegitimar las protestas ciudadanas, sin revisar con rigurosidad los antecedentes técnicos, sanitarios y comunitarios.
El Nuevo Derrame de 2025: “No es un Hecho Aislado”
Milena Báez, exconcejala y dirigenta del Valle de Camisas, en declaración con un medio Nacional confirmó el 20 de agosto del 2025 que “hace dos meses ocurrió exactamente lo mismo y también se tuvo que echar relaves a una de las piscinas que está acá en el valle”. Sus palabras son contundentes: “No es un hecho aislado… Anteriormente, en 2021, también tuvimos el mismo conflicto”.
Esta declaración desmiente cualquier narrativa que presente el incidente de 2021 como un evento único y resuelto. Los derrames se repiten, las piscinas de emergencia siguen fallando, y las comunidades continúan sin acceso garantizado a agua potable segura.
La Estructura del Conflicto Permanente
Las piscinas de emergencia TK-10 y TK-11 continúan operando en el sector Bajo Camisas, a metros del Estero Camisas. Estas instalaciones, que la SMA ya sancionó por deficiencias operacionales en 2023, siguen siendo fuente de riesgo permanente para las comunidades locales.
Un testimonio revelador en el reportaje de TVN muestra a un vecino señalando: “En la esquina de la piscina… ahí donde ellos colocaron tierra dentro de la piscina y es la piscina que causó toda la filtración del río en el año 2021, que nos dejó nuestros pozos inhabilitados”.
La crisis del agua en el Valle de Camisas no es temporal sino estructural. Las comunidades de Arrayán y Palquial llevan cuatro años con pozos cerrados, dependiendo de abastecimiento municipal mediante camiones aljibe. Como explica una dirigente: “En la zona alta tienen copa, que viene a dejar agua la municipalidad, pero a la calle, la gente tiene que ir con balde a sacar el agua”.
Los documentos revelan un patrón consistente de respuesta empresarial: negación de contaminación, dilatación de soluciones y transferencia de responsabilidades. Un comentario comunitario en Radio JGM es particularmente elocuente: “4 reuniones con MLP que rayan en el morbo de los ejecutivos de la gerencia de Asuntos Públicos, diciendo que no hay contaminación, incapaces de llegar con 1 botella de agua para los Pueblos de Arrayán y Palquial”
Los Antecedentes Publicado en Redes
Durante el recorrido visual y documental efectuado en el sector afectado, se constataron diversos puntos con signos evidentes de impacto hídrico y ambiental. A continuación, se detallan las observaciones por tipo de entorno y características visuales identificadas:
1. Formación de escurrimiento superficial con agua de tonalidad rojiza
La imagen muestra un pequeño cauce de escurrimiento superficial en terreno seco, donde fluye una delgada capa de agua rojiza con alta carga de sedimentos, posiblemente compuesta por arcillas oxidadas o material férrico. El canal, de baja pendiente, discurre entre bloques de roca sobre un suelo alterado, con evidentes manchas rojizas y escasa vegetación viva, lo que sugiere una afectación reciente del entorno.
La disposición de los sedimentos y la ausencia de cobertura vegetal indican que el flujo podría no ser natural ni exclusivamente pluvial, sino asociado a descargas puntuales o rebalses de origen artificial. Este tipo de escurrimiento plantea posibles riesgos para el entorno, especialmente si se encuentra próximo a zonas habitadas o ecosistemas frágiles, por lo que su análisis debería formar parte de una evaluación ambiental detallada.
2. Acumulación de agua estancada con alto contenido de sedimentos finos
La imagen muestra una pequeña poza estancada en una depresión natural del terreno, con agua de color café rojizo, lo que sugiere una alta concentración de sedimentos finos, probablemente de origen arcilloso o con óxidos metálicos. Esta tonalidad anormal para cuerpos de agua limpia podría deberse a escurrimientos contaminantes, rebalses industriales o infiltraciones no controladas.
En los bordes se aprecian acumulaciones de barro húmedo, ramas y hojas en descomposición, algunos flotando parcialmente, lo que evidencia un flujo reciente y estancamiento prolongado. Las sombras proyectadas por árboles reducen la oxigenación del agua, favoreciendo condiciones propicias para proliferación bacteriana.
El entorno inmediato se ve alterado, con suelo removido y sin presencia visible de fauna, lo que podría ser indicio de afectación ambiental localizada, con riesgo de impacto aguas abajo si no se contiene adecuadamente.
3.Rebalse de material lodoso sobre superficie artificial
La imagen muestra una plataforma artificial atravesada por un escurrimiento de barro que arrastra agua turbia de color café. El flujo deja una traza clara de sedimentos y espuma, lo que sugiere un rebalse reciente, posiblemente desde una instalación cercana. La cercanía con zonas naturales eleva la preocupación por posibles impactos ambientales si no se contiene a tiempo.
4.Estanque con aguas turbias y presencia visible de sedimentos
La imagen muestra un estanque industrial revestido con geomembrana y rodeado por rejas de seguridad, donde se acumula agua de color café con extensas zonas de sedimento en suspensión, visibles como manchas oscuras. Desde una estructura de descarga lateral parece haber ingresado recientemente material lodoso. La maquinaria pesada y las barreras perimetrales sugieren que el sitio está en faena activa, posiblemente gestionando un rebalse o incidente operativo. La situación es preocupante si se considera la cercanía con el entorno natural.
5.Suelo seco, vegetación muerta y posible afectación a fauna
En esta imagen se observa un terreno con costras blanquecinas y grietas, típicas de suelos resecos o alterados químicamente. Junto a la vegetación espinosa completamente marchita, se aprecia un pequeño reptil inmóvil en el suelo, lo que podría indicar afectación directa a la fauna del lugar. La presencia de manchas verdes aisladas en zonas húmedas contrasta con el estado general del entorno, lo que sugiere una alteración ambiental significativa en proceso o ya avanzada.
6.Aves nadando en estanque con agua verdosa artificial
La imagen muestra un estanque revestido con geomembrana, cuya agua presenta un color verde oscuro poco habitual. Destaca la presencia de aves acuáticas nadando en la superficie, lo que indica que esta fuente hídrica, aunque artificial, es accesible para la fauna local. Sin embargo, el color del agua puede reflejar una alta concentración de algas, materia orgánica o compuestos químicos, lo que plantea dudas sobre su calidad y riesgos potenciales para los ecosistemas cercanos.
La imparcialidad de Dueñas
En medio de las tensiones que persisten en el Valle de Camisas, las declaraciones de Roberto Dueñas, propietario de MiRadio La Serena, han generado polémica entre los vecinos y dirigentes de Salamanca. El comunicador ha cuestionado abiertamente el petitorio comunitario, señalando que las demandas de compensación “le restan legitimidad” a la protesta y que los antecedentes técnicos “avalan que no hay contaminación”.
Sin embargo, al revisar los documentos oficiales y las demandas históricas de los habitantes del valle, el panorama se vuelve más complejo y matizado.
En el programa radial, Dueñas y su co-conductor sostienen que “hay entidades del Estado que dicen que fue un incidente donde no hubo contaminación alguna”, lo que usarían como base para deslegitimar la protesta y los cortes de camino.
Lo que dicen los hechos
- El informe complementario de la SMA (abril 2022) se origina precisamente por un incidente de escurrimiento de aguas industriales desde el sistema de detección de fugas de las piscinas de emergencia hacia el suelo natural circundante. Es decir: sí hubo un escurrimiento al medio, registrado por la autoridad.
- La SMA estimó, con “enfoque conservador”, una pérdida/escurrimiento de 637 a 830 m³ de aguas industriales desde la piscina TK-10, además de constatar “falta de control y vigilancia oportuna” (no hubo control de nivel/altura del espejo ni alerta del sistema de detección de fugas). Esto contradice la idea de que “no pasó nada”.
- Cronología oficial: 21-10-2021 MLP drena aguas de recirculación a TK-10; 01-11-2021 se detecta filtración en la cámara del sistema de control de fugas; se agota la cámara, se cierran válvulas y se inicia retiro/trasvasije. La propia SMA relata el evento y su manejo.
La frase “el Estado avala que no pasa nada” es engañosa. El Estado (SMA) documentó un escurrimiento real de aguas industriales y falencias de control. Otra cosa es que, en ese momento del informe, la autoridad no hubiese constatado determinadas afectaciones de calidad en cursos de agua; pero reducirlo a “no hubo nada” omite el hecho central: sí hubo pérdida al medio y deficiencias operacionales.2) “El petitorio es pedir $30 millones por familia”
Dueñas insiste en que el petitorio pedía $30 millones por familia y que eso “tira abajo” todo reclamo:
Lo que dicen los hechos
- La cobertura televisiva que se hizo muestra que las exigencias centrales de las comunidades son agua potable segura, retiro de piscinas de emergencia y medidas no monetarias (filtros APR, monitoreos, etc.). Es decir, el eje de las demandas no es el dinero.
- Los propios testimonios en terreno apuntan a impactos sanitarios y de abastecimiento (APR, clausura de pozos, dependencia de camiones aljibe), lo que sustenta que las demandas ambientales y de agua son prioritarias.
3) “El petitorio no apunta a las piscinas”
En el mismo espacio, se afirma que en el petitorio “no hay algo que apunte directamente al tema de las piscinas”.
Lo que dicen los hechos
- La reportaje televisivo indica de forma explícita que las comunidades atribuyen afectación a las filtraciones de las piscinas TK-10 y TK-11 y piden su retiro. Eso sí apunta a las piscinas.
- Además, el propio relato oficial de la SMA sitúa el incidente en la TK-10 y describe su gestión; por tanto, el foco técnico y comunitario está, precisamente, en las piscinas.
4) “Son piscinas de emergencia, punto; si hubiera problema, se aplica solución ambiental”
Dueñas y su co-conductor remarcan que “los problemas ambientales tienen soluciones ambientales”, desestimando compensaciones y sugiriendo que todo está dentro de la normalidad de “piscinas de emergencia”.
Lo que dicen los hechos
- La SMA acreditó falencias de control (ausencia de control de nivel y alerta oportuna, entre otras) precisamente en el uso de la piscina de emergencia. O sea, sí hay medidas ambientales y operacionales pendientes que la autoridad exigió/observó.
- Los vecinos y el reportaje de TV piden exactamente soluciones ambientales: monitoreos certificados, filtros en APR, retiro/traslado si corresponde, y acceso a datos. Esto coincide con el enfoque de “soluciones ambientales”, no lo contradice.
- Incluso existen muestreos ciudadanos con anomalías en sulfatos y molibdeno = 0,70 mg/L (OMS 1993 = 0,07 mg/L de referencia). Aunque no son dictamen oficial, explican la desconfianza y la demanda de monitoreo abierto.
La crisis del agua: un drama humano
Desde 2021, más de 300 familias han debido depender de camiones aljibe, sin certeza de la calidad del agua entregada. Testimonios locales revelan la precariedad de esta solución:
“La gente tiene que ir con balde a sacar el agua desde la calle. Los adultos mayores no pueden, los niños se enferman.”
La municipalidad ha sostenido el reparto con recursos limitados, mientras MLP no ha entregado ni un litro de agua para uso humano, según afirman los voceros del movimiento.
Testimonio de otras comunidades: Quelén también afectado.
El conflicto ambiental que enfrenta el Valle de Camisas ha comenzado a resonar en otras localidades de la comuna de Salamanca. Uno de los casos más preocupantes es el de Quelén, donde recientemente se han reportado nuevos escurrimientos y rebalses de relaves provenientes de instalaciones de Minera Los Pelambres, generando alarma entre los vecinos por un posible impacto en sus fuentes de agua y la salud comunitaria.
Nuestro medio, Radio Riquelme documentó este episodio en su reporte titulado “Derrame en Minera Los Pelambres genera preocupación en Quelén”, donde se advierte sobre los sedimentos que bajaron desde las piscinas de emergencia tras las últimas lluvias. En las imágenes se evidencian residuos con características similares a los lodos industriales, acumulados en sectores cercanos a canales de regadío y esteros usados históricamente por las comunidades.
Este testimonio no solo revela una nueva zona potencialmente afectada, sino que suma peso a la tesis de que los eventos de contaminación por relaves no son hechos aislados ni accidentales, sino parte de un patrón sistemático de manejo deficiente. La repetición de este tipo de emergencias en distintos puntos de la comuna, sumada a la falta de información clara por parte de la empresa, ha generado un clima de desconfianza y alerta generalizada en el territorio.
Tal como han señalado diversas organizaciones socioambientales, la falta de protocolos transparentes y de información técnica abierta ha sido una constante en el accionar de Minera Los Pelambres. Los habitantes de Quelén han solicitado también monitoreos independientes, información detallada de la calidad del agua y medidas preventivas urgentes para evitar afectaciones mayores.
En este contexto, el caso de Quelén se convierte en una advertencia adicional de que los riesgos ambientales que enfrenta Salamanca son transversales, y que cualquier solución real deberá contemplar una mirada territorial completa, más allá de respuestas puntuales y localizadas.
Declaraciones Públicas por Parte de MLP
Minera Los Pelambres (MLP) aseguró en un Comunicado Público y compartidos en distintos medios el pasado 14 de agosto de 2025 que el uso de las piscinas de emergencia no ha generado afectación en la calidad del agua del Valle de Camisas, en la comuna de Salamanca. La compañía sostiene que esta conclusión “está respaldada por distintos estudios que se encuentran a disposición de los vecinos y de las autoridades”, según su declaración firmada por la Gerencia de Asuntos Públicos.
De acuerdo con el escrito, desde 2022 la empresa mantiene un plan de monitoreo de parámetros de calidad en el Estero de Camisas, cuyos resultados —afirma— “se encuentran dentro de los rangos normales históricos”. A ello suma estudios en pozos de la localidad, realizados “a través de entidades independientes”, que también mostrarían indicadores normales.
Respecto del cuestionamiento ciudadano a las piscinas de almacenamiento de emergencia ubicadas en Salamanca, MLP indica que “están siendo utilizadas para los fines con los que fueron creadas” y que cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), permisos sectoriales y certificados de estanqueidad vigentes, lo que “acredita que su uso es seguro y que no tienen filtraciones”.
La minera atribuye parte de la tensión a “acciones de presión adoptadas por un grupo pequeño de vecinos”, las que —según el texto— retrasaron el plan de vaciado “desde hace ya casi tres semanas” e impiden la realización de monitoreos ambientales que los propios vecinos dicen querer proteger. “No tienen justificación… en beneficio de unos pocos”, sostiene el documento.
En materia de gestión con la comunidad, la compañía afirma que su equipo se encuentra en terreno y disponible para trabajar de forma colaborativa. Añade que “esta semana se inició una mesa técnica junto a la comunidad de Colliguay del Valle de Camisas (quienes desistieron de las movilizaciones), además de autoridades de la Seremi de Obras Públicas y de la Delegación Presidencial Provincial”, con el fin de abordar diversas iniciativas.
Sobre el cambio de proveedor del camión aljibe que abastece de agua a sectores rurales, MLP reconoce la modificación contractual durante este año, pero afirma que el nuevo operador “ha entregado todas las certificaciones correspondientes conforme a lo exigido por el Servicio de Salud” y que existen “pruebas periódicas que acreditan la calidad del agua”. La empresa dice que esa información está disponible para compartirla con la comunidad.
Finalmente, la minera reitera su disposición al diálogo, condicionándolo a que se desarrolle “en un ambiente de respeto mutuo y sin medidas de presión ilegales” y con “asistentes que representen a todos los actores involucrados” para avanzar en “un diálogo que conduzca a soluciones”.
Las Manifestaciones Actuales: Cuatro Semanas de Protesta Pacífica
Los reportes de agosto de 2025 documentan que “los vecinos aseguran que llevan 4 semanas manifestándose de manera pacífica, bloqueando caminos en señal de protesta”. Las imágenes en redes sociales muestran manifestantes con carteles que dicen “TU MINERA NOS CONTAMINA”, evidenciando la continuidad y organización del movimiento pacíficamente.
La imagen muestra una de las paradas en Colliguay (sector aldeano de Camisas), localidad Rural de la comuna de Salamanca, en medio de un entorno aparentemente tranquilo, pero que hoy se encuentra marcado por un conflicto socio ambiental persistente. Tal como lo evidencia Radio Riquelme y enviado por nuestro reportero en Salamanca, espacios de uso cotidiano como esta parada de buses, se transforman en puntos de referencia dentro de un territorio que hoy exige atención, transparencia y respuesta. Las bolsas de color negro, muestra una comunidad en alerta y preocupada de una situación preocupante.
La imagen muestra una de las postas simbólicas del actual movimiento ciudadano en el Valle de Camisas, donde vecinas y vecinos mantienen su protesta pacífica por cuarto semana consecutiva. Frente a una señal de tránsito escolar y bajo una bandera chilena, se despliega un lienzo negro con el mensaje: “Paro por vida, salud y agua. Sin contaminación”, firmado por la comunidad.
Este cartel resume el sentir de decenas de familias que acusan contaminación en cursos de agua, riesgos para la salud y degradación ambiental, atribuidos a acciones de Minera Los Pelambres. El fondo de la imagen revela una zona semiurbana de uso mixto, lo que evidencia que las movilizaciones no se concentran solo en caminos rurales, sino también en áreas habitadas y de tránsito diario. El mensaje es claro y directo: sin agua limpia no hay vida posible, y la comunidad ha decidido visibilizar esta crisis desde sus propios territorios, con lienzos, cortes viales y organización comunitaria permanente.
Los Nuevos Antecedentes y Un Capítulo de Tensión:
Tras el evento del pasado 23 de julio, marcado por rebalses de aguas contaminadas en el sector del Valle de Camisas, se produjo un giro en la movilización comunitaria: habitantes de El Palquial, El Arrayán, Colliguay y Peladeros conformaron una Asamblea Territorial y bloquearon de forma pacífica la Ruta D-847, único acceso a las piscinas TK-10 y TK-11, instalaciones clave de Minera Los Pelambres.
Según consigna la prensa local de Salamanca, el corte fue certificado por actas notariales levantadas en la ciudad de Illapel, donde se dejó constancia de la presencia de al menos 24 personas y de la interrupción del tránsito vehicular, como acción simbólica de resistencia civil no violenta.
La respuesta de la empresa no tardó en llegar. Minera Los Pelambres presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Illapel contra seis dirigentes identificados y “todos quienes resulten responsables”, acusándolos de los delitos de interrupción de la libre circulación y desórdenes públicos. En el documento judicial, se solicita la formalización de cargos y la posibilidad de llevar el caso a juicio oral, con penas que podrían alcanzar el máximo contemplado por la ley en este tipo de causas.
Este episodio marca un punto de escalada legal y política en el conflicto, transformando la protesta ambiental en un caso judicial con repercusiones más allá del Valle. Para la comunidad, la querella representa una estrategia de amedrentamiento; para la minera, un mecanismo de defensa institucional.
Adicionalmente, El 18 de agosto de 2025, se registró un importante despliegue de vehículos policiales, seguridad privada y transporte operativo en la ruta que da acceso al Valle de Camisas, zona rural de Salamanca que agrupa a comunidades como El Arrayán, Peladeros y El Palquial. Las imágenes muestran caravanas compuestas por vehículos de Carabineros, camionetas sin identificación visible, minibuses y camiones, avanzando por la Ruta D-847 hacia sectores donde se mantenían los bloqueos comunitarios.
Este operativo se dio en un contexto de alta tensión, luego de que la empresa Minera Los Pelambres interpusiera una querella criminal contra seis dirigentes locales y quienes resulten responsables, por los cortes a los accesos de las piscinas TK-10 y TK-11. Según vecinos del territorio, la movilización fue entendida como un intento de despejar por la fuerza la vía, lo que generó alerta y mayor organización comunitaria.
La versión de Minera Los Pelambres, en voz de su subgerencia comunitaria
El jueves 21 de agosto de 2025, a las 12:05 horas (CLT), un medio Digital Local transmitió por Facebook y YouTube una conversación con Antonio Rubio, subgerente de Relaciones Comunitarias de Minera Los Pelambres (MLP). La introducción, marcada por la inminencia de un nuevo frente de mal tiempo —“ya hay nieve en el tranque Quillalle… ojalá se mantenga para tener agüita en verano”, dijo—, dio paso rápido al fondo: la crisis en el Valle de Camisas y el uso de las piscinas de emergencia tras el evento operacional del 23 de julio.
Rubio reconstruyó la secuencia con precisión: el 23 de julio se activaron dos estanques de alrededor de 20 mil m³ en Camisas, diseñados —afirmó— para recibir agua y relave en contingencias y autorizados mediante RCA. Recordó además que en Quelén Alto existen otras dos piscinas con unos 40 mil m³ en total, igualmente amparadas por permisos ambientales, y sostuvo que todas son estancas y cuentan con certificaciones vigentes de estanqueidad. La disputa pública, sin embargo, escaló desde el 25 de julio, cuando bloqueos intermitentes de camino impidieron —en tramos— el acceso de personal y equipos.
El punto más sensible es la calidad del agua. “No hay hallazgos de contaminación”, fue su frase insistente. Para sostenerla, enumeró fiscalizaciones permanentes de DGA, SMA y Sernageomin en el estero de Camisas y muestreos de SGS en los APR de Peladeros, El Arrayán y Colliguay, que —según dijo— coincidirían en descartar afectaciones. En paralelo, defendió que las piscinas no filtran: “son estancas y eso lo acreditan certificados entregados a los vecinos en mayo”. El relato oficial, en suma, plantea una operación de emergencia dentro de norma y sin impacto en agua potable.
No fue una transmisión en soliloquio. Desde el chat, dirigentas y vecinos interpelaron en tiempo real: Laura Tapia cuestionó la falta de aviso por la suspensión de una asamblea; Alison Constanza recalcó que “la comunidad es una sola” y que no existen juntas de vecinos ni APR formalmente constituidos —por lo que su representatividad sería directa—; Lorena Flores pidió explicar por qué “se quitó el camión aljibe” durante un paro; Víctor Castillo desafió a beber agua “del Arrayán” como gesto de confianza. Rubio respondió punto por punto: aseguró que la excusa a la asamblea se comunicó “con horas de anticipación”, que los camiones aljibe están certificados y que lo ocurrido ese fin de semana fue una descoordinación horaria ya resuelta —“nadie se quedó sin agua”—; respecto del agua del Arrayán, replicó con naturalidad: “yo he tomado agua del baño en reuniones en El Palquial”.
Esa dinámica de ida y vuelta dejó a la vista otro eje: la representatividad del movimiento. Para MLP, las vocerías que encabezan los cortes no representan a la totalidad del valle, que calculan en alrededor de 1.050 personas (dato inferido por arranques de agua). Según Rubio, hay organizaciones y residentes que no adhieren a los bloqueos y que temen expresar disenso. Del otro lado, las y los voceros sostienen que actúan como comunidad ante filtraciones presumidas y déficits de información. La entrevista, en ese sentido, funcionó como escenario de contraste más que como síntesis: dos lecturas en disputa sobre quién habla por quién.
Sobre la judicialización, la empresa confirmó la presentación de una querella por interrupción de vía. El argumento: la obligación ambiental de mantener las piscinas limpias —retirar aguas y relaves con celeridad— y la necesidad de garantizar tránsito seguro para vecinos y trabajadores. “Disponibles a conversar”, insistió Rubio, pero sin medidas de presión y con mesas técnicas donde participen DOH y DGA para dar trazabilidad a los datos de monitoreo y realismo a los plazos de obras públicas. Fue claro al advertir sobre tiempos: diseño, pruebas de bombeo, validaciones sanitarias y viales pueden tomar meses o incluso años, más aún si son proyectos que descansan en el sector público.
A propósito de compensaciones, la entrevista transparentó el desacuerdo de fondo. Rubio afirmó que el primer petitorio incluía una exigencia de $30 millones por familia. Ante ello, MLP planteó su doctrina: “lo ambiental se compensa con ambiental”. Es decir, si un tribunal acredita daño, las medidas de reparación son reforestación, remediación de suelos, control de emisiones u otras del mismo componente ambiental; no dinero en efectivo. La alternativa que la empresa pone sobre la mesa es fortalecer los APR de Peladeros, El Arrayán, El Palquial y Colliguay, con DOH y DGA sentados en la misma mesa para alinear estándares y acortar cuellos de botella. La condición: diálogo representativo y caminos liberados, para no inmovilizar equipos ni “judicializar” cada hito.
El frente operativo mostró otra faceta. Según el ejecutivo, la semana del 18 al 22 de agosto lograron retomar faenas con normalidad y avanzar en la limpieza. El método —agregó— replica el “caso Quelén”: retiro en camiones mixer (como betoneras, que “no filtran”), encapsulado de generadores para disminuir ruido nocturno, y contratación local en turnos día y noche. Lo definió como una “unidad de propósito” con los propios vecinos: retirar miles de m³ y cerrar cuanto antes la fase de contingencia. Pero volvió a subrayar el condicionante: sin bloqueo, la logística fluye; con bloqueo, todo se pospone.
Quedó espacio, además, para el historial de agua de emergencia. Rubio explicó que el compromiso con El Arrayán de entrega de camiones estaba vinculado al monitoreo participativo con SEASA y que, concluido éste en 2023, la empresa ha mantenido de forma voluntaria el apoyo —dos camiones diarios— mientras avanza un nuevo pozo para la localidad. Al cuestionamiento por camiones “sin certificación”, respondió que siempre operaron con empresa subcontratada certificada, que los respaldos fueron entregados a la autoridad y que están disponibles si vuelven a ser requeridos.
El capítulo institucional también exhibe fisuras. MLP relató acercamientos con el alcalde de Salamanca, pero dijo haberse excusable de una asamblea porque —según su lectura— excluía juntas de vecinos y APR, y su agenda se centraba en “agua y compensación económica”. Aun así, el mensaje fue puerta abierta: “nos podemos sentar en la municipalidad o en Santiago, con autoridades y organismos técnicos”. La condición, otra vez, es representatividad y garantía de que el diálogo no se condicione a presiones.
La entrevista cerró con la agenda 2025 de la compañía: reimpulsar Somos Choapa, realizar una ronda con proveedores locales en Salamanca y completar los “Acuerdos de Salamanca”, que Rubio sitúa en un 67–68% de cumplimiento. Dijo que el segundo semestre vendrá cargado de inauguraciones y primeras piedras, como una señal de continuidad pese a la controversia.
Notas del Editor
Radio Riquelme realizó gestiones para recoger comentarios de representantes comunitarios, la cual al cierre de esta edición dichas solicitudes no obtuvieron respuesta oportuna. El reportaje se elaboró a partir de documentos, entrevistas y registros públicos, procurando trato respetuoso y verificación de datos con criterio de objetividad. El derecho a réplica permanece abierto y el texto se actualizará ante nueva información debidamente acreditada.
