La iniciativa busca establecer una agravante en el Código Penal para quienes cometan delitos en establecimientos educacionales y de primera infancia, con el fin de proteger la continuidad de los servicios y resguardar el interés superior de la niñez.
La diputada Nathalie Castillo presentó un proyecto de ley que incorpora una agravante para los delitos de robo, hurto o receptación cometidos en jardines infantiles, salas cuna y establecimientos educacionales administrados por organismos públicos o que reciban financiamiento estatal.
La propuesta legislativa responde al incremento de hechos delictivos en recintos escolares de la Región de Coquimbo, como lo ocurrido en el Jardín Infantil Botoncitos del Valle de Las Compañías, en La Serena, que sufrió una seguidilla de robos que incluso obligó a suspender la entrega de alimentación para los niños y niñas. Ante esta situación, la parlamentaria coordinó acciones con organismos de seguridad regional y extendió estas gestiones a establecimientos dependientes del SLEP Puerto Cordillera, también afectados por hechos similares.
“Es necesario legislar sobre esta materia. Los robos en escuelas y jardines infantiles no han parado y han generado un daño profundo en las comunidades educativas. Esperamos que este agravante frene este flagelo y que el proyecto avance para dar tranquilidad a las familias y garantizar el derecho a la educación de niños y niñas”, señaló Castillo.
El problema no se limita a la región. Solo en Coquimbo se registraron 336 robos a establecimientos escolares durante 2023 y 308 en 2024, con alzas en comunas como Coquimbo, Ovalle y Salamanca. A nivel nacional, desde la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), ya se contabilizan 202 robos o actos vandálicos en lo que va de 2025, en tan solo 15 servicios activos en el país.
El proyecto busca modificar los artículos 447, 449 y 456 bis A del Código Penal, con el fin de que la respuesta penal sea proporcional al daño social que generan estos delitos. La agravante propuesta permitiría sancionar con mayor severidad a quienes afecten jardines infantiles, salas cuna, bodegas o instalaciones destinadas a la prestación de servicios educacionales o de alimentación escolar.
