Una investigación revela que la Municipalidad de La Higuera sigue desembolsando más de $2,3 millones mensuales a Eduardo Flores, reconocido públicamente como “jefe de gabinete” de la alcaldesa Uberlinda Aquea, pese a que la Contraloría Regional de Coquimbo ordenó rebajar sus honorarios por considerarlos desproporcionados y fuera de la ley.
El dictamen del organismo fiscalizador, emitido tras una denuncia anónima, detalla que Flores fue contratado en dos modalidades simultáneas:
- Funcionario administrativo grado 13° EUS, con 22 horas semanales y sueldo líquido de $447.644.
- Prestador de servicios a honorarios en un programa comunitario, con un pago adicional de $1.862.870.
En total, sus ingresos superan los $2.310.000, una cifra que Contraloría calificó como “excesiva” para alguien con formación técnico-profesional de nivel medio.
Dictamen ignorado
Contraloría concluyó que las funciones asignadas a Flores no eran temporales ni excepcionales, sino permanentes y administrativas, incumpliendo así la normativa que regula los contratos a honorarios. Por ello, ordenó al municipio ajustar el pago a un monto equivalente al de un funcionario con similar formación y cargo, otorgando un plazo de 20 días hábiles para informar las medidas adoptadas.
Sin embargo, la instrucción fue desoída: en julio, el municipio volvió a pagar el mismo monto, justificándolo como “servicio en labores comunitarias en temas sociales y culturales y para gabinete social”. Dentro del municipio no existe claridad sobre la naturaleza de este “gabinete social”, pero en la práctica Flores ejerce como jefe de gabinete de la alcaldesa.
Malestar y silencio oficial
Fuentes internas señalan un profundo malestar entre funcionarios con formación profesional, quienes cuestionan que alguien sin estudios universitarios reciba un salario tan alto y critican su desempeño.
En un comunicado, la Municipalidad afirmó que ha entregado antecedentes a Contraloría “respaldando el accionar administrativo” y que espera un nuevo pronunciamiento. La alcaldesa Aquea reafirmó “su compromiso irrestricto con la transparencia, la probidad y el buen uso de los recursos públicos”.
El caso sigue bajo revisión del ente fiscalizador, mientras crecen las dudas sobre el uso de fondos públicos y la gestión administrativa en una comuna marcada por cuestionamientos internos y externos.
