Violencia reiterada, coordinación extrema y un claro patrón delictual. Ese es el perfil de las bandas organizadas que durante los últimos años han golpeado al retail chileno, y que hoy enfrentan condenas de cárcel efectiva gracias a un modelo de persecución penal impulsado por la empresa ALTO en conjunto con el Ministerio Público y las policías.
Mediante el análisis de modus operandi, cruce de información y querellas estratégicas, ALTO ha logrado vincular múltiples delitos, identificar a sus autores y neutralizar a agrupaciones completas, evitando que continúen operando mientras enfrentan sus procesos judiciales.
“Denunciar es solo el inicio. Nuestro trabajo es recopilar y entregar evidencia que permita a fiscales y policías construir casos robustos, conectar hechos aislados y conseguir las penas más altas posibles”, explicó Eduardo Hernández, gerente legal de ALTO en Chile.
Bandas condenadas en distintas regiones
- “De la Octava” (Biobío): seis integrantes que asaltaban supermercados en Penco, Coronel y San Pedro de la Paz, agrediendo violentamente a guardias para huir con carros repletos de productos. Condenas entre 5 y 8 años de prisión.
- “Del Jockey” (RM): cinco hombres de entre 25 y 35 años que, armados, asaltaban tiendas en Pudahuel para sustraer dinero en efectivo. Penas de hasta 9 años de cárcel.
- “La 299” (Coquimbo): dedicada al robo sistemático de carnes y perfumes. Tres condenados con penas de 3 años y 1 día hasta 5 años y 1 día.
- “De las carnes” (Coquimbo): grupo que robaba carnes y licores, intimidando al personal con botellas sustraídas. Tres miembros recibieron condenas de 10 años y un día; el botín superó los $6 millones.
Modelo de persecución penal y prevención
Con más de 20 años de experiencia, ALTO se ha consolidado como socio estratégico en la lucha contra la delincuencia en distintos rubros. Su metodología parte desde el reporte de un incidente por parte de un cliente, para luego integrar pruebas, cruzar datos y generar evidencia que refuerce las investigaciones.
El modelo no solo busca castigar, sino también prevenir. Cuando se detectan patrones que se repiten en distintas zonas, se comparten alertas con empresas de la red para anticipar posibles ataques.
“Este trabajo coordinado entre el sector privado y las instituciones públicas permite no solo aumentar las condenas, sino también sacar de circulación a bandas completas, mejorando la seguridad de las comunidades y protegiendo la actividad económica”, concluyó Hernández.
