Concepción. Por segunda vez en menos de un mes, la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre el robo de cables sesionó fuera de Santiago. Esta vez, el encuentro tuvo lugar en Concepción, encabezado por el presidente de la instancia, el diputado Víctor Pino (Demócratas), con el objetivo de abordar en terreno un delito que ha evolucionado hacia redes criminales complejas con ramificaciones internacionales.
La sesión reunió a autoridades locales, parlamentarios y especialistas, quienes analizaron las alarmantes cifras que afectan al país. Solo en la zona de concesión de CGE, entre enero y junio de este año, se han registrado 705 robos de cables, cuadruplicando lo reportado en el mismo periodo de 2024. Los hechos han dejado 445 mil clientes sin suministro eléctrico y un costo de reposición superior a los 4 mil millones de pesos.
“La gente vive con miedo a los apagones y a quedar incomunicada. Eso es consecuencia directa de bandas criminales que se mueven con total impunidad. Sabemos que el crimen organizado está detrás del robo de cables y debemos combatirlo”, declaró el parlamentario por la región de Coquimbo.
Según los datos expuestos, la región de Coquimbo encabeza las denuncias, con más de 59 mil metros de cables robados en el primer semestre del año, seguida por Bío Bío (27 mil metros) y la Metropolitana (20 mil). Ante este escenario, el diputado Pino defendió la importancia de trasladar la comisión a las regiones más afectadas: “No basta con hablar del problema desde Santiago. Hay que escuchar a las comunidades y exigir respuestas concretas”.
Durante la jornada también se destacó la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de una nueva ley que endurece las sanciones por robo, hurto y receptación de cables, especialmente cuando afectan servicios públicos. La normativa también tipifica como agravante el hacerse pasar por técnicos para cometer estos delitos.
“Es un paso importante, pero no suficiente. Esta comisión continuará fiscalizando y exigiendo una coordinación efectiva entre las empresas proveedoras, las autoridades locales y regionales, las policías y el Ministerio Público”, agregó el legislador.
Finalmente, los integrantes de la CEI acordaron citar al candidato presidencial José Antonio Kast para que entregue su versión respecto de eventuales vínculos con Francisco San Martín, ex candidato a la directiva regional del Partido Republicano en Coquimbo, hoy investigado por su presunta participación en la llamada “mafia del cobre”.
“No estamos para guiños políticos ni para cuidar imágenes. Si hay posibles vínculos con redes criminales, estos deben ser investigados y aclarados”, sentenció el diputado Víctor Pino.
