El delito de robo de cables eléctricos aumentó casi un 300% en el primer semestre de 2025, afectando gravemente la continuidad del suministro eléctrico en seis regiones del país, incluyendo Coquimbo y la Metropolitana.
Un preocupante aumento ha registrado el robo de cables eléctricos en la zona de concesión de la empresa CGE, que abarca desde Arica y Parinacota hasta La Araucanía. Entre enero y junio de este año, se han contabilizado 705 eventos delictivos, cifra que cuadruplica los 190 casos del mismo periodo en 2024.
En términos de volumen, se han robado 209.112 metros de cable de cobre —equivalente a 209 kilómetros, la distancia entre Santiago y Molina—, frente a los 58 kilómetros sustraídos en igual periodo del año pasado.
“Esto representa un aumento de casi un 300% en los robos. Se trata de un delito de alto impacto público con consecuencias graves para el suministro eléctrico”, afirmó Daniel Fredes, subdirector de Operaciones de CGE.
🚨 Crimen organizado y daño masivo
Según la compañía, estas bandas criminales operan con herramientas, vehículos y conocimiento técnico, lo que refuerza la tesis de su vínculo con el crimen organizado. Además de los daños a la infraestructura, su actuar ha dejado a más de 445 mil clientes sin suministro eléctrico, generando pérdidas que superan los 4.000 millones de pesos solo en el primer semestre.
Fredes también recordó que a fines de junio, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público incautaron más de 7.000 kilos de cobre robado desde instalaciones de CGE en la Región Metropolitana.
“Estas bandas tienen un modus operandi sofisticado y se desplazan entre regiones buscando causar el mayor daño posible”, añadió Fredes.
📍 Regiones más afectadas
Las zonas más golpeadas por este delito entre enero y junio de 2025 son:
- Región de Coquimbo: 59.198 metros robados
- Biobío: 27.223 metros
- Maule: 22.317 metros
- Antofagasta: 22.127 metros
- Tarapacá: 21.185 metros
- Metropolitana: 20.420 metros
Desde CGE hicieron un llamado a las autoridades a reforzar las acciones preventivas y la persecución penal de estos delitos, que no solo afectan a la empresa, sino a miles de hogares, empresas y servicios esenciales a lo largo del país.
