La Corte de Apelaciones de La Serena acogió un recurso de protección presentado contra el Colegio Andrés Bello Pampa, instruyéndole contratar a un profesional del área de la salud para asistir a una estudiante de cuarto básico diagnosticada con diabetes mellitus tipo 1, así como a cualquier otro alumno que requiera atención médica especializada.
En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal –integrada por los ministros Felipe Pulgar Bravo, Carlos Jorquera Peñaloza y el abogado (i) Jaime Camus del Valle– concluyó que el establecimiento actuó de forma arbitraria al no contar con un protocolo de protección integral en salud para su alumnado.
El dictamen señala que la menor, en su calidad de alumna regular, requiere un entorno escolar seguro que garantice su salud, responsabilidad que recae tanto en su familia como en el colegio:> “No solo se presta una atención educativa, sino también una protección integral, conforme a la legislación vigente en materia de garantías de la infancia”.Asimismo, se evidenció que el establecimiento no contaba con un protocolo previo para atender este tipo de condiciones médicas, y que las medidas adoptadas –como una jornada de sensibilización docente– se implementaron solo tras conocer el diagnóstico de la menor.
El tribunal consideró que esta reacción tardía expuso a la niña a riesgos innecesarios, al no garantizarse condiciones mínimas de resguardo, como la adecuada conservación de su medicación y el acompañamiento profesional requerido.> “La omisión del colegio ha afectado gravemente los derechos de la menor, vulnerando su salud física y psíquica, su derecho a la vida y su protección integral”, concluye la resolución.
En consecuencia, se ordenó al colegio contratar, en un plazo máximo de 15 días desde la ejecutoria del fallo, a un profesional del área de la salud capacitado para atender a la estudiante y a cualquier otro alumno en situación similar. Asimismo, se deberá disponer del equipamiento necesario para conservar en condiciones óptimas la insulina u otros medicamentos vitales.
Tras la resolución, el ministro Felipe Pulgar Bravo enfatizó que las medidas tomadas por el establecimiento fueron insuficientes y que se requiere una acción concreta:> “Se instruyó al colegio contratar un profesional del área de la salud y contar con los implementos necesarios para preservar la insulina, asegurando así la salud y seguridad de la niña mientras permanece en el establecimiento”.
