El gremio docente valoró el cambio de criterio, pero lo consideró insuficiente. Mario Aguilar anunció acciones judiciales y presentaciones ante organismos internacionales para defender el derecho a movilizarse.
Santiago, 23 de julio de 2025. Tras semanas de movilización y presión por parte del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, la Contraloría General de la República rectificó parcialmente su postura respecto al descuento de sueldos a docentes que participaron en paralizaciones. En un nuevo oficio, el organismo reconoció que si las clases se recuperan fuera del horario laboral, corresponde restituir los montos descontados.
El presidente nacional del gremio, Mario Aguilar, valoró el cambio, aunque lo calificó como insuficiente.
“Es cierto que retrocedieron un poco respecto a su oficio original. Al menos ahora reconocen que si la recuperación se efectúa fuera del horario laboral, procede reintegrar lo descontado. Pero eso no basta, sigue siendo una vulneración a derechos fundamentales”, indicó el dirigente.
Aguilar criticó duramente la postura inicial de la Contraloría y acusó que el nuevo dictamen sigue desconociendo el derecho a movilizarse y a sindicalizarse, derechos respaldados —según afirmó— por normas constitucionales, convenios internacionales y fallos de la Corte Suprema.
En ese sentido, el Colegio de Profesores anunció una serie de medidas legales para continuar la disputa:
“Vamos a ir a tribunales, a interponer tutelas laborales, recursos de protección y también a presentar requerimientos ante organismos internacionales”, señaló Aguilar.
El presidente gremial realizó estas declaraciones durante una visita al Congreso Nacional, donde expuso ante la Comisión de Educación del Senado y sostuvo reuniones con diversas bancadas parlamentarias, incluyendo al Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Acción Humanista, Regionalista Verde e independientes.
Aguilar cerró enfatizando que, aunque se reconoce la modificación del oficio por parte de la Contralora Dorothy Pérez, esta sigue siendo insuficiente y contraria a derechos consagrados en la legislación nacional e internacional.
