La Contraloría investiga la presunta ocupación ilegal de una vivienda fiscal por parte del jefe provincial de la cartera, quien además es expareja de la autoridad regional. La situación podría configurar un conflicto de interés y una infracción al principio de probidad.
Una compleja situación administrativa, enfrenta la seremi de Bienes Nacionales en la Región de Coquimbo, Mabel Iturrieta Bascuñán, luego de que se ingresara una denuncia ante la Contraloría General de la República por el presunto uso irregular de un inmueble fiscal por parte de su expareja, Horacio Rabuco Ramírez, actual jefe provincial del mismo ministerio en la comuna de Ovalle.
La denuncia —formalizada y registrada bajo el folio N.º 84659— fue recibida por el organismo contralor el pasado miércoles y señala que Rabuco habría hecho uso habitacional del inmueble fiscal ubicado en pasaje Álvarez Jofré N.º 715, desde el año 2023, sin contar con ningún respaldo jurídico ni administrativo, como un contrato de arriendo, una concesión o autorización formal.
Vínculo personal y eventual conflicto de interés
La denuncia cobra mayor relevancia por el vínculo personal entre los involucrados. Rabuco y la seremi Iturrieta fueron pareja y tienen un hijo en común, lo que podría configurar un posible conflicto de interés si se comprueba que hubo omisión de deberes, falta de imparcialidad o intervención directa en decisiones administrativas que favorecieran al funcionario.
La Ley N.º 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado establece el principio de probidad, el cual obliga a los funcionarios públicos a abstenerse de intervenir en asuntos que puedan afectar su imparcialidad o en los que exista un interés personal o familiar.
Rechazos previos y dudas administrativas
De acuerdo con antecedentes recabados por Diario El Día, Horacio Rabuco solicitó formalmente el uso de dicha vivienda en abril de 2023. La petición fue rechazada. Insistió nuevamente en febrero de 2024, recibiendo una segunda negativa. Sin embargo, inexplicablemente, el inmueble fue ocupado desde junio de 2024, lo que generó cuestionamientos tanto a nivel interno como externo del ministerio.
Consultada por el medio, la seremi Mabel Iturrieta reconoció que actualmente no existe documentación que respalde la ocupación del inmueble por parte de su expareja. Indicó además que, al asumir su cargo en septiembre de 2024, el inmueble ya se encontraba habitado.
“Al realizar esta revisión nos dimos cuenta que este caso en específico no estaba totalmente tramitado. Por ello, instruí de forma inmediata la normalización administrativa”, señaló la autoridad regional.
Sumario en curso y opinión experta
Frente a las irregularidades detectadas, Iturrieta confirmó que se inició un procedimiento disciplinario para esclarecer el retraso en la tramitación y determinar responsabilidades.
La abogada y académica de la Universidad Central, María José Lira, indicó que el caso evidencia dos eventuales faltas: la ocupación sin respaldo legal del inmueble y la falta de abstención por parte de la autoridad en un asunto que involucra directamente a su expareja.
“Si bien no existe una inhabilidad legal entre exparejas, la normativa de probidad exige abstenerse en situaciones que comprometan la imparcialidad. El caso debió ser traspasado al subrogante o al funcionario jerárquicamente inferior”, explicó.
Contraloría investigará los hechos
La Contraloría confirmó la recepción de la denuncia y anunció que se iniciará un proceso de análisis conforme al ordenamiento jurídico vigente, con el fin de verificar la veracidad de los hechos expuestos y determinar eventuales infracciones a la normativa administrativa.
El caso se mantiene en desarrollo, mientras desde la propia cartera se espera que el sumario interno entregue claridad sobre los procedimientos omitidos y eventuales responsabilidades funcionales.
