Con 30 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, el Senado aprobó en primer trámite constitucional una reforma legal que impone multas a quienes no cumplan con la obligación de votar en elecciones y plebiscitos, en cumplimiento de la reforma constitucional que restituyó el voto obligatorio en 2023.La normativa establece sanciones económicas que irán desde 0,5 hasta 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale aproximadamente a montos entre $34.000 y $340.000 pesos chilenos.
Las multas se duplicarán en caso de reincidencia en las dos últimas elecciones. Además, se contempla un mecanismo para cerrar el proceso judicial con el pago anticipado de 0,5 UTM.Estarán exentas de la multa aquellas personas que, el día de la elección, se encuentren fuera del país, a más de 200 kilómetros del local de votación, con problemas de salud debidamente acreditados o ejerciendo funciones incompatibles con el sufragio.
Gobierno hace reserva de constitucionalidad
Pese al respaldo mayoritario, el Gobierno expresó su disconformidad con el proceso legislativo. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, anunció una reserva de constitucionalidad al considerar que el proyecto debió pasar por la Comisión de Hacienda, debido a su eventual impacto fiscal: una mayor participación podría aumentar el reembolso de gastos a partidos políticos, lo que requiere un análisis presupuestario y un informe financiero que no se incorporó en la discusión.Además, el ejecutivo advirtió que otras normativas similares han requerido ajustes financieros, como ocurrió con la elección de convencionales constituyentes y los plebiscitos.
Debate por el voto de extranjeros otro punto que tensionó el debate fue la situación de los ciudadanos extranjeros con derecho a voto. Actualmente pueden sufragar quienes tengan residencia por más de cinco años, sin importar su estatus migratorio. Sin embargo, el Gobierno propone que solo quienes cuenten con residencia definitiva y hayan ingresado legalmente al país puedan votar en futuras elecciones.“El jefe de Estado debe ser elegido por los chilenos”, argumentó Elizalde, quien planteó que la obligatoriedad del voto debe ir acompañada de una revisión del padrón electoral extranjero.
Desde el Senado, algunos parlamentarios respaldaron esta postura, mientras que otros, como el senador Juan Ignacio Latorre, recordaron que en muchos países los residentes extranjeros pueden votar en elecciones locales, pero no en presidenciales ni legislativas.Algunos senadores incluso calificaron de “ridículo” que se busque multar a personas que no tienen la nacionalidad chilena ni acceso pleno a los derechos civiles.Próximos pasos.
El proyecto ahora será revisado por la Cámara de Diputadas y Diputados. De mantenerse la reserva de constitucionalidad, el Ejecutivo podría acudir al Tribunal Constitucional para impugnar la reforma. Mientras tanto, el debate sobre el voto de los migrantes y los efectos económicos de la norma continuará marcando la discusión pública.
