Este miércoles, la magistrada Carolina Baroncini entregó la esperada resolución respecto a las medidas cautelares y el plazo de investigación en el denominado caso Papaya Gate, que investiga un presunto fraude al fisco relacionado con la adquisición de inmuebles con fondos regionales.En su fallo, la jueza resolvió rechazar la solicitud de prisión preventiva presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra la exintendenta Lucía Pinto y el exadministrador regional Cristian Morales, argumentando que ambos han colaborado con la investigación: asistieron a todas las citaciones, prestaron declaración y entregaron voluntariamente sus antecedentes bancarios.
En su lugar, el tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno entre las 22:00 y las 06:00 horas, además de arraigo nacional para ambos imputados, medidas que comenzarán a regir a partir de este jueves.En tanto, el exjefe de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional, Pablo Bracchitta, no quedó sujeto a ninguna cautelar. Según lo expuesto por la magistrada, no se acreditó participación en los hechos ni se estableció una presunción de delito en su contra.
El tribunal fijó un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación, periodo en el que la Fiscalía deberá reunir mayores antecedentes para esclarecer el presunto uso irregular de más de $9.800 millones en compras inmobiliarias realizadas por el GORE de Coquimbo en 2020.Una causa que remueve al mundo políticoEl caso Papaya Gate ha remecido el panorama político regional, ya que pone bajo la lupa decisiones administrativas adoptadas en el último año del gobierno de Sebastián Piñera.
La investigación se centra en la compra directa de terrenos a través de trato directo, sin licitación pública, lo que —según la Fiscalía— pudo vulnerar principios de probidad y transparencia en el uso de recursos públicos.Los abogados defensores han reiterado la legalidad de las actuaciones de sus representados, mientras que el CDE insiste en que se trató de una operación con aparentes irregularidades administrativas y posibles delitos de fraude al fisco.Con las medidas cautelares decretadas y el extenso plazo de investigación por delante, el caso promete seguir dando que hablar en los próximos meses.
