Tras cinco años de intensa investigación, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, dio inicio este lunes a la formalización de los implicados en el mediático caso “Papaya Gate”. El proceso judicial apunta a una compleja trama que habría generado un importante perjuicio al patrimonio fiscal en la Región de Coquimbo.
Imputados y Medidas Cautelares Solicitadas
La primera en ser formalizada por fraude al fisco fue la exintendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto, junto al exadministrador regional, José Cáceres Rojas, y el gerente de empresas CPS, Pablo Bracchitta. Para ellos, la fiscalía solicitó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
En tanto, a los empresarios Lorenzo Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolás Bakulic, Karim Daire Daud y Manuel Daire Daud, además del abogado Luis Gastón Yver Hudson, se les imputó la comisión de delitos tributarios. Para este grupo, la fiscalía pidió firma mensual y arraigo nacional. Cabe destacar que para Nicolás Bakulic se autorizó un permiso especial para viajar a España por motivos laborales hasta el 30 de junio, con una fianza de retorno de 10 millones de pesos.
El “Mecanismo” Detrás del Fraude
Según la fiscalía, el fraude se orquestó a través de un intrincado mecanismo que se remonta a 2010. En ese año, los imputados adquirieron 12 lotes de terreno por más de 485 millones de pesos a través de la inmobiliaria Casas por Siempre (CPS S.A.). Sin embargo, el punto crucial ocurrió en 2014, cuando, asesorados por el abogado Luis Gastón Yver Hudson, se desplegó una compleja ingeniería societaria para inflar artificialmente el valor de los terrenos.
Para lograr esto, se crearon seis nuevas sociedades inmobiliarias (Guayacán Spa, La Herradura Spa, La Serena Spa, El Faro Spa, Pan de Azúcar Spa y Cerro Grande Spa), cada una con un capital inicial de solo 500 mil pesos. Posteriormente, mediante complejas transacciones como la división de CPS S.A. en 12 nuevas sociedades, la constitución de un Fondo de Inversión Privado y la compraventa cruzada de acciones con aumentos de capital sin flujo efectivo, el objetivo era maquillar los costos tributarios de los terrenos, que serían vendidos al Gobierno Regional de Coquimbo (GORE) seis años más tarde.
El Papel del Gobierno Regional
La fiscal Perivancich detalló que la exintendenta Lucía Pinto Ramírez y José Cáceres Rojas, con la aprobación de Pinto, gestionaron y posibilitaron la compra de los terrenos en el sector de El Milagro, en La Serena. La operación se realizó mediante trato directo y sin negociación, una situación que fue objetada por Contraloría en cuatro ocasiones debido a un sobreprecio. A pesar de esto, la transacción se llevó a cabo, pagando 9.800 millones de pesos por un terreno destinado a un centro deportivo.
La fiscalía sostiene que tanto Pinto como Cáceres, en su rol de funcionarios públicos, tenían la responsabilidad de velar por la probidad administrativa. Sus acciones, al adquirir el terreno a un precio excesivo y por sobre tasaciones anteriores, causaron un enorme perjuicio patrimonial al Gobierno Regional de Coquimbo.
Debate sobre la Prisión Preventiva
Durante la audiencia, la fiscal Claudia Perivancich explicó que no solicitó la prisión preventiva, a diferencia del Consejo de Defensa del Estado (CDE). La fiscal argumentó que su análisis fue “objetivo”, considerando el tiempo transcurrido desde los hechos, la colaboración de los imputados en la investigación y el hecho de que tienen irreprochable conducta anterior.
Sin embargo, la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Francisca Nenen, sí solicitó la prisión preventiva para Lucía Pinto, José Cáceres y Pablo Bracchitta, argumentando la gravedad del delito de fraude al fisco, estimado en no menos de 4.000 millones de pesos. Nenen destacó los cuatro rechazos de Contraloría a la compra por el precio excesivo y afirmó que Pinto y Cáceres “vulneran el principio de probidad y hacen una infracción patente de las obligaciones funcionarias”, priorizando evitar ser catalogados como “ineficientes” en la ejecución del presupuesto.
La abogada del CDE también señaló que el empresario Pablo Bracchitta habría conocido la calidad de funcionarios públicos de Cáceres y Pinto, existiendo un “propósito común” de lograr la compraventa. Incluso, citó la declaración de una tasadora que indicó que Bracchitta la contactó para “subir el precio” de los lotes.
Para el senador por la región de Coquimbo, Daniel Núñez, querellante del caso, “los antecedentes que ha entregado el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía ponen en evidencia la responsabilidad que tiene en este fraude la exintendenta del Gobierno de Sebastián Piñera Lucía Pinto y su administrador regional José Cáceres. Ellos hicieron esta compra de terrenos con sobreprecio, son más de 3 mil millones de pesos que se pagaron demás, y también esconder la compra misma de la fiscalización que ejerce la Contraloría”.
El parlamentario agregó que “este es un caso de corrupción emblemático y contra la corrupción hay que ser implacable, por eso yo apoyo la solicitud que está haciendo el Consejo de Defensa del Estado, para que tanto Lucía Pinto (José) Cáceres y (Pablo) Bracchitta, los acusados de fraude al fisco vayan a prisión preventiva. No más corrupción en la región de Coquimbo”.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado Javier Rojas, en tanto, destacó que “los imputados por fraude al fisco constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad por la pena probable, que es de presidio mayor en su grado mínimo, de 5 años y un día. Y el código procesal penal da una orientación que a partir de esa pena efectivamente puede proceder la prisión preventiva”.
Respecto a los antecedentes expuestos, el litigante señaló que “nuestra teoría del caso es que siempre hubo la determinación de pagar un sobreprecio a razón de que los imputados sabían que ese precio era mucho menor al que en definitiva se pagó. El año 2019 existían tasaciones que daban cuenta de que el precio por el total del inmueble no excedía los 4 mil millones de pesos, siendo que en definitiva se pagaron casi los 10 mil millones”.
La audiencia de formalización continuó el día de hoy, y se espera la decisión del tribunal sobre las medidas cautelares solicitadas.
