La Fiscalía Nacional decidió reasignar el controvertido Caso ProCultura a la Fiscalía Regional de Antofagasta, removiendo al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, lo que ha generado molestia en diversos sectores del ámbito judicial y político.
La medida fue adoptada luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera un recurso de amparo presentado por la defensa de Josefina Huneeus, expareja del imputado Alberto Larraín, tras revelarse que su teléfono fue interceptado de manera ilegal, incluyendo una conversación con el presidente Gabriel Boric.
El fallo de la Corte fue categórico en sus críticas: cuestionó la legalidad de las diligencias autorizadas por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, señalando que “las explicaciones dadas subestiman la inteligencia de cualquier ciudadano de la República” y advirtió sobre prácticas investigativas propias de “tiempos pretéritos de la República”.
Desde el Ministerio Público se justificó la reasignación por la “complejidad y gravedad” del caso, señalando que se busca asegurar la continuidad y objetividad de la investigación. Paralelamente, se instruyó a Cooper entregar un informe detallado sobre los cuestionamientos del fallo.Sin embargo, la decisión generó críticas entre cercanos al fiscal y dentro del entorno judicial, quienes consideran que se lo ha apartado sin un proceso claro de responsabilidad administrativa.
“Lo que aquí vemos es una forma de sanción indirecta ante presiones políticas y mediáticas”, comentó un abogado cercano al caso que pidió reserva de identidad.El debate en torno al actuar del Ministerio Público y las garantías procesales continúa, mientras el caso ProCultura sigue escalando en visibilidad pública.
