El parlamentario del Partido Demócratas presentó un proyecto de ley que
busca endurecer las penas para quienes cometan este delito, que afecta a
miles de familias a lo largo de Chile, quienes deben asumir los costos de su
reposición por parte de las empresas sanitarias.
El diputado e integrante de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, Víctor Pino,
ingresó a tramitación un proyecto de ley con el que busca castigar con penas más duras a
quienes roben medidores de agua potable, un delito que se ha vuelto repetitivo en varias
ciudades a lo largo del país. Esta iniciativa modifica la Ley N°18.119 e incorpora un nuevo
artículo al Código Penal, tipificando este delito como autónomo y estableciendo sanciones
concretas tanto para el robo como para la receptación de estos dispositivos.
Para el parlamentario por la región de Coquimbo, “el robo de medidores es un delito
silencioso, pero que genera un gran daño. No distingue clases sociales, ni barrios. Se repite
por igual en ciudades como Chillán, Valparaíso, Coquimbo y Santiago. En todos lados hay
vecinos pagando de su bolsillo el costo de un medidor nuevo y quedando sin agua por
horas o días. Es urgente ponerle freno con una ley que sea clara y ejemplar”, explicó
Víctor Pino.
Y las cifras hablan por sí solas. Sólo en 2024, en la Región de Coquimbo se registraron más
de 500 robos de medidores y arranques, afectando especialmente a vecinos de La Serena,
Coquimbo y Ovalle. En Chillán, los robos se han vuelto diarios en locales comerciales y
viviendas, con pérdidas de agua y afectación directa al servicio. Y en Rancagua, la
municipalidad denunció daños en más de 400 mil metros cuadrados de áreas verdes por
esta causa.
Los delincuentes buscan principalmente las cañerías y mecanismos de cobre
para venderlos por kilo, alimentando un mercado ilegal que sigue operando sin freno.
Hoy, la ley no sanciona de forma específica este delito, lo que deja un vacío legal y
fomenta la impunidad. Por eso, el proyecto del diputado Víctor Pino propone penas de
presidio mayor en su grado mínimo si el robo se comete en una vivienda, y presidio
menor en su grado máximo si ocurre en un lugar no habitado. Además, establece penas
de cárcel y multas para quienes compren, vendan o tengan medidores robados, cerrando
también la puerta al negocio ilegal que está detrás de estos delitos.
“La gente no sólo pierde el medidor. Pierde el agua. Tiene que pagar la reposición.
Muchas veces se generan filtraciones, y se pierde un recurso que en zonas como
Coquimbo, donde resido, es cada vez más escaso. Creo que hay que decir: ¡basta de
impunidad!, y en ese sentido este proyecto busca ponerle un alto a este delito”, manifestó
el diputado Víctor Pino, quien también hizo un llamado al resto de la Cámara, a respaldar
esta iniciativa.
