En una decisión histórica, el Tribunal Constitucional de Chile ha destituido a la senadora Isabel Allende de su cargo. La decisión se produce tras una investigación sobre un contrato entre Allende y el Estado, que según el tribunal, violó las normas constitucionales.
La investigación se centró en un contrato que Allende celebró con el Estado mientras ejercía su cargo de senadora. El Tribunal Constitucional determinó que este contrato violaba el artículo 60 de la Constitución Política de la República, que prohíbe a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado.
La decisión ha generado una variedad de reacciones en todo el espectro político. Los opositores de Allende han elogiado la decisión, mientras que sus partidarios la han criticado duramente.
Tras más de tres décadas, la senadora socialista Isabel Allende deberá dejar su cargo luego que el Tribunal Constitucional (TC) así lo determinara tras aprobar el requerimiento ingresado por el Partido Republicano y Chile Vamos, en el marco de la fallida compraventa de la casa de su padre, el exmandatario Salvador Allende.
El órgano acogió los argumentos presentados por los abogados de la oposición, Emiliano García (Republicanos) y Máximo Pavez (Chile Vamos), quienes solicitaban la destitución de la parlamentaria por ser copropietaria del inmueble del otrora jefe de Estado.
Se espera que Allende apele la decisión ante la Corte Suprema. Si la decisión es confirmada, Allende será destituida de su cargo de senadora y se le prohibirá ocupar cargos públicos durante dos años.
La destitución de Allende es un evento significativo en la política chilena. Allende es una figura prominente en el Partido Socialista y ha sido senadora durante más de 15 años. Su destitución podría tener un impacto significativo en el equilibrio de poder en el Senado.
