Fuente: DiarioPopular/Radio La Popular en Facebook
La comuna de Salamanca enfrenta una grave crisis en el ámbito educativo tras confirmarse que no recibirá la subvención destinada a los establecimientos educacionales municipales. Medios locales informaron que la administración del alcalde Lillo no gestionó la validación de una orden de no innovar tras perder una instancia judicial en un litigio millonario, lo que habría sido determinante en la situación actual.
Orígenes del problema
La problemática se originó en 2017, cuando la Municipalidad de Salamanca, durante la administración del exalcalde Geraldo Rojas, adquirió una deuda con la empresa Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A., sin cancelar un monto superior a los $1.031 millones. Como consecuencia de este impago, actualmente se enfrenta la retención de más de $800 millones, recursos que estaban destinados a la educación local.
Durante el mes de febrero de 2025, la situación fue expuesta públicamente. En aquella ocasión, el alcalde Lillo anunció su intención de llevar el caso a la Corte de Apelaciones de La Serena e ingresar una orden de no innovar, con el objetivo de proteger los recursos municipales y evitar su embargo. No obstante, este procedimiento legal no fue debidamente ejecutado, lo que agravó la crisis financiera de la comuna.
Falta de gestión y rechazo del tribunal
Según lo informado por el Ministerio de Educación, para que la orden de no innovar fuera efectiva, el alcalde debía solicitar un informe basado en el principio de inembargabilidad de las subvenciones. Sin embargo, dicha solicitud nunca fue realizada, lo que llevó a que el tribunal rechazara la orden y permitiera el embargo de los fondos municipales.
Ante este escenario, diversas autoridades y actores políticos han manifestado su preocupación y han responsabilizado a la administración local por la falta de gestión y previsión en la defensa de los recursos educativos de Salamanca.
Reacciones de las autoridades
La consejera regional Valeria Chacana fue una de las primeras en expresar su inquietud sobre el impacto de esta decisión judicial en la educación local. “Nos preocupa de forma urgente la situación que enfrenta la educación pública en Salamanca por la poca capacidad de gestión que ha demostrado la administración actual”, afirmó.
Chacana también destacó que el monto total a embargar asciende a $313.564.840, lo que dejaría sin presupuesto a la educación comunal y pondría en riesgo el derecho a la educación de más de 2.000 niños, niñas y adolescentes en la comuna.
Por su parte, el concejal de Salamanca, Ángel Barraza, se sumó a las críticas y cuestionó la actuación del alcalde Lillo en el manejo de la situación. “Actualmente nos volvemos a ver enfrentados a una situación gravísima. Se rechazó la apelación presentada por la municipalidad de Salamanca y no se presentó la orden de no innovar. Esta responsabilidad recae sobre la administración actual del alcalde Lillo, y por lo tanto queda muy clara su ineficacia”, declaró el concejal.
Consecuencias para la comunidad educativa
La retención de los fondos podría tener consecuencias devastadoras en el funcionamiento de los establecimientos educacionales municipales de Salamanca. Entre los principales efectos negativos destacan:
- Posible retraso o suspensión en el pago de sueldos para docentes y personal administrativo.
- Dificultades en la adquisición de materiales y recursos educativos para los estudiantes.
- Impacto en los programas de alimentación y bienestar estudiantil.
- Suspensión de proyectos de infraestructura en las escuelas y liceos municipales.
Exigencias y posibles soluciones
Diversos sectores de la comunidad han exigido explicaciones y soluciones inmediatas a la crisis educativa. Se espera que el municipio explore opciones legales y administrativas para revertir la situación y mitigar el impacto en la educación local. Asimismo, se ha solicitado la intervención del Ministerio de Educación y de otras entidades gubernamentales para evaluar posibles alternativas que permitan asegurar el normal desarrollo del año escolar en Salamanca.
Mientras tanto, padres, apoderados, docentes y estudiantes se mantienen en estado de alerta ante la incertidumbre sobre el futuro de la educación municipal en la comuna, esperando respuestas concretas y una solución efectiva que garantice el derecho a la educación de miles de niños y jóvenes salamanquinos
