La empresa Inversiones Alta Cruz SpA, que arrienda el conocido recinto al Arzobispado de La Serena,
acusa al actual subarrendatario y operador del espacio, Teatro Centenario SpA, de eludir desde abril
de 2024 el pago de sus rentas mensuales, además de operar actualmente sin una patente comercial
vigente, entre otras irregularidades. Solicitan la clausura del recinto, aunque con miras a mantener el objetivo cultural del teatro.
El futuro del Teatro Centenario de La Serena, un importante espacio cultural en la capital regional, está
en riesgo debido a problemas legales y administrativos entre las empresas que gestionan el recinto.
Inversiones Alta Cruz SpA, empresa que arrienda el edificio al Arzobispado de La Serena, ha presentado
una demanda por incumplimiento de contrato contra su subarrendatario, Teatro Centenario SpA,
representado por Sebastián Bravo Sohrens. En paralelo, ha solicitado a la Municipalidad de La Serena la
clausura del recinto, por funcionar actualmente con patente comercial vencida, entre otras
irregularidades que ponen en riesgo la actividad cultural a la que está dedicado el sitio.
Cabe recordar que Inversiones Alta Cruz SpA arrendó el edificio del otrora Cine Centenario a su
propietario, el Arzobispado de La Serena, en el año 2018, con la intención de dar un uso cultural al
recinto, tras años en que éste permaneció desocupado. Posteriormente, en junio de 2022, se firmó un
contrato de subarrendamiento entre Inversiones Alta Cruz SpA y Teatro Centenario SpA, estableciendo
que el inmueble ubicado en calle Cordovez 391, Lote B, sería operado por esta última para actividades
culturales como presentaciones teatrales y conciertos, e igualmente, la venta de alimentos y bebidas. El
acuerdo, que tendría una duración de 17 años, incluyó un esquema de pagos escalonado que comenzó
con un año de gracia para propiciar el arreglo de las instalaciones, sin pago de canon de arriendo, y
aumentaría progresivamente durante los siguientes años, empezando con 145 UF mensuales y
terminando en 215.
Sin embargo, según Luis Retamal Salgueiro, representante de Inversiones Alta Cruz SpA, los problemas
comenzaron justo cuando terminó el año de gracia y debían iniciarse los pagos efectivos: “Bravo nos dijo
que estaba complicado. Como una manera de ayudarlo, le dimos un 50% de descuento durante cuatro
meses, es decir, julio, agosto, septiembre, octubre. Posteriormente pagó mes completo en noviembre,
diciembre, enero, febrero y marzo, y luego dejó de pagar definitivamente”, apunta.
En efecto, de acuerdo con la documentación presentada por la demandante, Teatro Centenario SpA no
ha cumplido con el pago de las mensualidades estipuladas en el contrato de subarrendamiento desde
abril de 2024. Ante los reiterados incumplimientos, la empresa presentó una demanda por no pago en el
2º Juzgado de Letras de La Serena, bajo el rol C-3320-2024.
SUBARRIENDO Y USO DE ESPACIOS ADICIONALES
Otra controversia se refiere al subarriendo de espacios a terceros por parte de Teatro Centenario SpA.
Aunque el contrato permite esta práctica bajo ciertas condiciones, Inversiones Alta Cruz SpA asegura
que no fue notificada de estas operaciones, lo que constituye una contravención a las cláusulas
establecidas. Además, señala que parte de las instalaciones del recinto estarían ocupando, sin
autorización formal, áreas de un inmueble colindante que es también propiedad del Arzobispado y es
arrendado por la Municipalidad de La Serena.
Estas imputaciones están respaldadas por documentación obtenida a través de solicitudes de
transparencia y procedimientos judiciales en curso, indica Retamal.
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y PATENTE COMERCIAL
Al margen de los conflictos relativos a eventuales violaciones al contrato entre las partes, Inversiones
Alta Cruz SpA denuncia que la patente comercial del teatro se encuentra vencida, por lo que solicitó
formalmente la clausura del recinto ante el Departamento de Patentes de la Municipalidad de La
Serena, el pasado 31 de enero.
Adicionalmente, acusa que se estaría efectuando venta de bebidas alcohólicas durante los espectáculos
realizados en el teatro, presuntamente sin contar con la patente municipal requerida. Existen fotografías
y videos que respaldan esta acusación.
VOCACIÓN CULTURAL DEL RECINTO
Retamal asegura que busca recuperar el control del inmueble para garantizar su uso como espacio
cultural y poder cumplir con sus propias obligaciones contractuales con el propietario. “Nuestro objetivo
es reestablecer las condiciones originales del contrato y asegurar la continuidad de este espacio cultural
tan importante para la comunidad. La intención es que este lugar continúe siendo un motor para la
cultura regional, con condiciones adecuadas para su funcionamiento y una administración transparente
que respete los compromisos asumidos”, afirma.
