En un revelador despliegue de justicia, la Fiscalía de Tarapacá junto con la Policía de Investigaciones de Chile ha desarticulado una importante red de tráfico de migrantes vinculada a la empresa chilena Buses Covalle. Esta operación ha puesto al descubierto la conexión entre la empresa de transporte y la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
La operación, que se llevó a cabo en las ciudades de Iquique, Coquimbo y Santiago, culminó en la detención de nueve personas. Entre los arrestados se encuentran siete de nacionalidad venezolana, miembros del Tren de Aragua, y dos chilenos, uno de ellos dueño de la mencionada empresa de buses. Esta investigación ha revelado que Buses Covalle servía como principal medio de transporte para los migrantes traídos ilegalmente al país, integrando así una cadena de tráfico que se extendía a través de la región.
La fiscal Trinidad Steinert explicó que tras las primeras investigaciones en los años 2022 y 2023, que desarticularon otras células de la misma organización, se continuó el seguimiento hasta confirmar que el Tren de Aragua no solo seguía activo, sino que había expandido su influencia. Según Steinert, la organización había logrado ejercer control sobre terminales de autobuses tanto formales como informales, estableciendo un monopolio en los precios de los pasajes y exigiendo pagos a quienes trabajan en el sector, conocidos localmente como “vacunas”.
El proceso de tráfico comenzaba con “asesores” en los países de origen de los migrantes —principalmente Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia— que operaban bajo la fachada de agencias de viaje, organizando la logística y exigiendo pagos por los traslados, que se realizaban a través de rutas diseñadas para evitar controles policiales. Una vez en Chile, el Tren de Aragua utilizaba a los llamados “jaladores” para trasladar a los migrantes a distintas residenciales en Iquique, esperando para continuar su viaje hacia Santiago.
Además de los arrestos, la policía incautó cuatro autobuses pertenecientes a Covalle, cuatro vehículos adicionales, una cantidad significativa de drogas y más de 15 millones de pesos en efectivo. Este operativo no solo subraya la gravedad del tráfico de personas sino también la necesidad de fortalecer los esfuerzos de las autoridades para combatir estas redes criminales que operan dentro y fuera de las fronteras de Chile.
La fiscal Steinert enfatizó la importancia de esta investigación para detener la cadena de tráfico en la región y evitar la perpetración de delitos conexos en otras partes del país. Con este golpe a la organización criminal, se espera que se fortalezcan tanto el Ministerio Público como las policías y otros organismos colaboradores para asegurar que la justicia prevalezca y se protejan los derechos de los individuos más vulnerables.
