La Contraloría instruyó un sumario contra el edil de Copiapó, Marcos López, y otros funcionarios municipales para indagar sus responsabilidades administrativas en las extensiones de contrato sin fundamento efectuadas con la empresa Cosemar, encargada de la recolección de basura en la capital regional. Actos que el ente fiscalizador consideró como una “negligencia”.
El contrato original entre el municipio de Copiapó y Cosemar operó entre el 7 de mayo de 2012 y el 31 de diciembre de 2018. Luego, mediante un decreto alcaldicio se extendió el convenio con la empresa por seis meses, lo que estaba permitido en el contrato. El municipio fundamentó la prolongación en que la unidad técnica no pudo definir las bases administrativas para un unevo proceso de licitación.
Cumplida esa prórroga, la casa edilicia extendió la contratación directa con la misma empresa, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2019, con el pretexto de preparar la licitación. No obstante, Contraloría argumentó que ese mecanismo es de carácter excepcional y que es preciso acreditarlo efectiva y documentadamente, lo que no ocurrió.
Finalmente, el concurso público se realizó el segundo semestre de 2019, con un plazo de funcionamiento de seis años y un periodo de 130 días para su instalación. Pese a que Cosemar ganó la licitación, el municipio nuevamente le dio un contrato por trato directo de 120 días para su instalación. Situación que “podría conllevar la superposición de dos contratos con la misma prestación a servir”.
Sobre esta situación, desde el municipio de Copiapó señalaron al Diario de Atacama que “fuimos notificados hoy de esta situación, la cual está analizando nuestro Estudio Jurídico y probablemente tengamos una respuesta el lunes”.
