( La Tercera.com ) Actualmente, hay 996 recintos que no tienen permiso sanitario. Esta cifra representa el 72% del total nacional. En Valparaíso, las familias iniciaron una batalla por 64 tumbas que quedaron bajo el agua.
Hace una década, Karen Herrera perdió a su hijo, de apenas dos meses y 11 días. Fue una muerte súbita. “Se me fue en sueño”, cuenta. Enterró a su guagua en el Cementerio N°3 de Valparaíso, en Playa Ancha. Es una herida que, según confiesa, todavía no cierra completamente.
Después de enterarse de la primera denuncia en contra del cementerio, Karen quiso averiguar más. Había escuchado los reclamos de Cecilia Rivas, quien había descubierto el problema de las inundaciones en mayo, cuando intentó enterrar a su hermana en el nicho familiar.
Frente a la preocupación de los deudos, la Corporación Municipal que administra el camposanto permitió que se revisara el estado de las tumbas. Karen fue una de las personas que quisieron inspeccionar la condición de los restos de su guagua.
“Cuando abrí la tumba, vi a mi hijo lleno de agua”, dice.
Al observar que sus restos estaban mojados, pegados a una bolsa de plástico, entre ropa y frazadas de guagua, Karen revivió el dolor de 10 años atrás. Después de contemplar ese panorama, sufrió varias crisis de pánico. Hoy asegura haber sido diagnosticada con depresión.
El pesar de Karen es compartido por otros 250 porteños, quienes, desesperados por aclarar en qué situación se encuentran sus difuntos, conformaron un comité para reclamar soluciones. “Tenemos 200 tumbas con agua, pero no podemos cambiar los cuerpos de lugar. El seremi de Salud tiene clausurado el cementerio”, explica Juana Moreno, presidenta del grupo. Dos de sus sobrinas y una prima están enterradas allí.
La prohibición
Luego de esas primeras denuncias de mayo por tumbas inundadas en el Cementerio N°3 de Valparaíso, se estableció que la filtración se producía principalmente porque los sarcófagos -estos grandes cajones de concreto que contienen, en promedio, tres ataúdes-, no quedaban bien sellados. En otros casos, el suelo no era permeable y el agua de riego o lluvia, en vez de escurrir hacia abajo, se acumulaba en las sepulturas.
Atendiendo las denuncias, la seremi de Salud investigó y constató que el recinto no contaba con resolución sanitaria, junto con presentar otras deficiencias en su funcionamiento, razón por la cual, el 15 de julio, suspendió las inhumaciones en el cementerio.
Una semana después de ese decreto, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, comunicó a través de Facebook que “el cementerio de Playa Ancha nunca ha tenido resolución sanitaria en 150 años de existencia (…) Y si usted le pregunta a la colega de Viña del Mar, o al colega de San Antonio, no hay ningún cementerio municipal, o son muy pocos, los que tienen resolución. ¿Cuál es la vara con la que se mide a Valparaíso, respecto a otras comunas?”, agregó.
Efectivamente, y según un oficio del Ministerio de Salud (Minsal), 996 cementerios del país no cuentan con el citado permiso. La cifra representa el 72% de los 1.379 camposantos sujetos a regulación, ya sea bajo el Reglamento General de Cementerios (de 1970), como del Reglamento de Cementerios Indígenas (de 1930).
La información fue solicitada por el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez. “Con los antecedentes enviados por el Minsal se concluye que el problema sanitario de los cementerios está en todo el país y es grave. Debe ser visto como un problema nacional que exige mayor fiscalización para evitar una crisis sanitaria”, afirmó.
El basural de Chiguayante
Casi 630 kilómetros más al sur, en Chiguayante, se presentó otro problema. El 3 de septiembre, la Seremi de Salud del Biobío inició un sumario sanitario contra el cementerio de la comuna de Chiguayante, luego de que se detectara un vertedero irregular de ropa de cadáveres y pedazos de ataúdes al interior del camposanto. Estos vestigios eran parte de una reducción de tumbas que terminó depositada en un lugar no autorizado.
Jessica Flores, concejal de Chiguayante y presidenta de la Comisión de Salud, fue quien realizó la denuncia de una práctica que solía ser habitual en el camposanto. Ahora solicitará la actualización el reglamento interno.
“Siempre se tomó como una conducta habitual terminar de esa forma con los desechos de los difuntos. Hoy el compromiso es modernizar el reglamento que existe y que data desde que nació la comuna. Es preocupante que vayan cubriendo estos vertederos con tierra, sobre todo cuando el cementerio está cerca de viviendas”.
Por su parte, el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, asegura que cumplen con el reglamento y la resolución sanitaria para la exhumación de cuerpos.
“Cada vez que se ha requerido este tipo de exhumaciones nosotros hacemos una intervención que está ajustada al reglamento. Nunca se han tratado restos óseos, solo son restos de madera y ropa de los difuntos por lo que estamos dentro de la normativa”, indica el edil.
De acuerdo con los datos recabados por el diputado Ibáñez, en la región del Biobío, 48 de 65 cementerios generales (74%) funcionan sin autorización sanitaria.
Como posible solución, el seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz, ordenó enviar los desechos a un relleno sanitario y habilitar un sistema alternativo de acopio cerrado para desechos de reducción y así evitar un foco insalubre en la zona.
“Si bien el riesgo de afectar la salud de la población es poco probable”, dice el infectólogo de la Universidad de Valparaíso Rodrigo Cruz , “el manejo inadecuado de los cuerpos puede atraer vectores, como moscas, roedores y perros, que sí podrían provocar infecciones gastrointestinales en lugares aledaños. Además, si la sepultación es en tierra, se podrían contaminar las napas subterráneas”.
