( Biobio.cl ) Todos lo saben pero nadie toma una decisión. Las máquinas tragamonedas o de premio programado que abundan en distintas comunas de Chile, son ilegales. Así lo establece una circular que emitió en 2016 la Superintendencia de Casinos de Juego, pero que al carecer de facultades fiscalizadoras, quedó en letra muerta. Ello ha permitido que decenas de alcaldes las autoricen a través de patentes comerciales, como una manera de obtener mayores recursos económicos. Sin embargo, en 2017 la Contraloría realizó una auditoría sobre la explotación de máquinas de juegos de azar en los municipios y concluyó que es el Ministerio del Interior, a través de las Intendencias y Gobernaciones, el encargado de reprimir su uso cuando no cumplen la normativa. El mensaje fue claro y La Moneda -a casi dos años del informe del organismo fiscalizador- prepara el golpe final a este mercado que cifra ganancias anuales que superan los 494 millones de dólares, monto similar a la industria regulada. La historia la revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
El 29 de septiembre de 2016 la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) fue lapidaria: las máquinas de premio programado, conocidas como “tragamonedas de barrio”, eran ilegales. En simple, no podían operar en lugares que no fueran casinos autorizados. Así al menos lo dirimió la circular Nº 78 emitida por la autoridad.
Para definirlas, la SCJ usó el catálogo interno donde se establece que estas últimas “son máquinas de azar”. Es decir, quien juega no tiene cómo saber el resultado, ya que opera un sistema de algoritmos o chances aleatorias. No hay destreza como ocurre con las típicas grúas de los centros de entretención, donde el usuario puede manejar las garras para sacar un dulce o un peluche.
La prohibición era conocida -incluso- desde 2014, cuando la misma entidad emitió el oficio Nº 1.500, donde aclaró la situación.
Pese a la evidente negativa, en el último lustro decenas de alcaldes a nivel nacional han obviado estas resoluciones, legalizando a los “tragamonedas de barrio” a través de patentes comerciales.
La razón es sencilla. Hay que seguir al dinero. Se calcula que el número de máquinas operativas a nivel nacional se mueve entre las 80 a 100 mil unidades. Y el monto que producen como ganancias es exponencial y se empina sobre los 338 mil millones de pesos, unos 494 millones de dólares, de acuerdo a lo revisado por la Cámara Alta. La cifra no es oficial, a diferencia de lo que ocurre con la industria de casinos regulados, que en su último informe de 2017 generó ingresos brutos por una suma similar, aportando más de 50 mil millones de pesos en impuestos para el fisco.
Para la superintendenta de Casinos, Vivién Villagrán, no debería existir debate sobre el tema. A su juicio la ley es clara: “Las máquinas de premio programado (…) constituyen máquinas donde el azar prima por sobre cualquier otro elemento. Dado que la Ley establece claramente que las máquinas de azar sólo pueden ser explotadas en los casinos legalmente constituidos, todo aquello que esté fuera (…) sería ilegal”.
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Pese a los dichos de Villagrán, la realidad es otra. Día a día y al ritmo de la música, en comunas como Estación Central, Curicó, Rancagua, Antofagasta, Los Ángeles, Temuco, entre muchas otras, las máquinas se ven acompañadas por música que incitan a jóvenes, adultos mayores e incluso menores de edad, a tentar la suerte. Muchos creen que su apuesta se basa en la habilidad, pero no lo es.
La escena ocurre en el almacén donde las personas van a comprar el alimento diario. Allí junto al pan, la leche, la mantequilla están uno o dos tragamonedas de barrio. Muchos prueban. Unos quizás ganaron y otros perdieron el dinero para comer.
¿Cómo se llegó a eso?
En rigor los municipios no deberían autorizar la instalación de ninguna máquina que no cuente con la certificación entregada por una de las tres empresas internacionales inscritas en la SCJ.
Se trata de Gaming Laboratories International LLC (GLI), Slovenian Institute of Quality (SIQ) y BMM Australia PTY, todas con oficinas en Chile.
El mecanismo está claramente descrito en la circular Nº 083 del 14 de febrero del 2017, donde se establece el procedimiento de otorgamiento de informes para la “Obtención de Patentes Municipales de Explotación de Juegos de Habilidad y Destreza”.
Sin embargo, desde la existencia de este último documento una buena parte de los alcaldes no ha cumplido. Prueba de ello es que en los últimos dos años y medio se han formalizado 1.093 requerimientos.
De esa cifra, solo 222 solicitudes de calificación de máquinas de juego siguieron su curso, las que fueron remitidas por 42 interesados en 30 comunas del país.
El resultado es claro: de las 222 peticiones, 143 fueron rechazadas bajo el argumento de que son máquinas de azar y no de destreza. Del restante, 57 presentaciones están con respuesta pendiente por parte del interesado, es decir, la SCJ pidió más antecedentes, pero estos no han cumplido la formalidad.
Existen además otras 14 peticiones que sí fueron autorizadas con los certificados que exige la ley, porque son máquinas de destreza como, taca taca, simuladores, videojuegos o playstation y los tradicionales flipper.
El registro oficial que exhibe Radio Bío Bíodemuestra que ninguna de las “tragamonedas de barrio” que operan actualmente cuentan con el visto bueno de las empresas certificadoras.
Informe clave
El alcalde de Puente Alto y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codina, indicó que “la aceptación de cualquier máquina que no venga con la certificación de los laboratorios validados por la Superintendencia de Casinos sería (…) totalmente ilegal”.
“Solo se puede aprobar aquellas actividades que tienen que ver con la destreza”, subrayó la autoridad comunal.
Pero no todo está centrado en lo legal, asegura Codina. En conversación con Radio Bío Bío, reconoció que existen ediles que “ven esto como una vía de poder generar ingresos en los municipios”.
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Si bien Codina hizo un llamado a sus colegas a “respetar la ley”, sus palabras también apuntan a un grave vacío normativo. Y es que la SJC solo puede fiscalizar a los casinos regulados como Enjoy, Marina del Sol o Monticello, por ejemplo. En otras palabras, carece de cualquier facultad para revisar un local que tenga máquinas tragamonedas ilegales.
El tema de quién podía tomar cartas en el asunto quedó zanjado el 6 de abril de 2017, luego que la Contraloría notificara una auditoría sobre explotación de máquinas de juegos de azar en los municipios. En ella el organismo fiscalizador estableció que las Intendencias y Gobernaciones debían hacerse cargo de prohibirlas.
En el documento firmado por el titular Jorge Bermúdez, se indica expresamente que estas entidades “no (…) efectúan acciones de represión respecto a la explotación ilegal de los juegos de azar (…) por lo cual, la cartera del Interior deberá velar por el cumplimiento de lo instruido a esa repartición mediante circular Nº43, de 1 de junio de 2016”.
En la secretaría de Estado confirmaron la existencia de un borrador sobre los alcances de la normativa que le dejó la administración de Michelle Bachelet, pero reconocieron que hubo que reescribirlo.
En todo caso, a dos años del informe de la le entidad revisora, se indicó que el gobierno está próximo a firmar un decreto que permitirá a las intendencias y gobernaciones clausurar e incautar los tragamonedas ilegales a nivel nacional.
Cifras insuficientes
Actualmente son cerca de cien los municipios que mantienen patentes comerciales vigentes para que funcionen máquinas de premio programado, de acuerdo al catastro que realizó la Universidad Católica en 2016, encargado por la superintendencia del ramo.
Según se desprende del informe, hay 33.009 tragamonedas ubicados en 1.327 salas de juego de 97 comunas del país. Pero la medición no abarcó locales de otra actividad ni comunas pequeñas en zonas interiores. En suma no existe una cifra oficial.
En medio de las aprobaciones ilegales, algunos municipios resolvieron cumplir la norma y no interpretarla. Es el caso de Concepción que el 1 de agosto de 2013resolvió no renovar las patentes comerciales a locales que tuvieran máquinas sin la certificación legal.
De acuerdo a la información recabada por este medio, Curicó, Estación Central, Rancagua, Temuco, Antofagasta, Los Ángeles, entre muchas otras, actúan fuera de norma.
Fuero interno
La ilegalidad sobre los permisos de funcionamiento a los “tragamonedas de barrios” no es compartida por la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos (Fiden).
Ramón Sepúlveda, su vocero, explicó que un dictamen de Contraloría fechado en 2016, obliga al alcalde a solicitar una certificación a la SCJ “si tiene dudas sobre si la máquina es realmente de habilidad o destreza”.
“Sin embargo, si basta que el alcalde tenga la convicción de que no es un juego ilícito y le basta con un perito de una universidad, yo no tengo por qué ir a la Superintendencia de Casinos ya que (…) se creó para los casinos no para nosotros. El hecho (…) que no tengamos una ley que especifique nuestra área, eso no significa que seamos ilegales, lo que pasa es que no estamos regulados y eso lo protege la Constitución”, agregó.
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Como sea, la versión de la Fiden reconoce que las autoridades edilicias a nivel nacional, han autorizado sin certificados de las empresas certificadoras internacionalesla operación tragamonedas de barrio.
Lavado de activos
En paralelo a la actividades de estas máquinas de azar calificadas de ilegales por la autoridad, el Ministerio Público, inició en 2018 una investigación por lavado de activos, cohecho, tráfico de influencias, defraudación, financiamiento ilegal de campañas políticas e incluso una posible asociación ilícita.
La indagatoria, es sustanciada actualmente por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Oriente y se inició por una denuncia que incluyó a la actual diputada Erika Olivera, quien habría recibido aportes ilegales durante la competencia para llegar al parlamento.
La Fiden, al menos hasta ahora, está fuera del proceso, pero exrepresentantes de esta última continúan en la mira de los investigadores, incluyendo al exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett.
Al respecto, la semana pasada, el organismo perseguidor solicitó al Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago el alzamiento del secreto bancario a Rocío del Pilar Peñafiel, pareja del senador DC Jorge Pizarro. La mujer figura como imputada como posible autora de delitos del corrupción, en el marco del negocio de las tragamonedas ilegales.Con todo, la fiscalía deberá esclarecer si se pagaron coimas a políticos a través de aportes ilegales a campañas, mientras que el Ministerio del Interior deberá zanjar a través de una circular, si cumple con la ley y ordena la clausura de todos los centros de juego que tengan máquinas carentes de autorización.Proyecto de leyEn tanto, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera tomó la decisión el 2018 de incluir una indicación sustitutiva a una moción parlamentaria que desde hace años estaba tramitándose en el Congreso. Y esta, si bien no cambia la actual Ley de Casinos, sí establece dentro de ella un párrafo polémico. Este indica que toda máquina con logaritmo matemático o de premio aleatorio es de azar y no destreza, punto que ya está en la circular de la Superintendencia de Casinos desde 2016.De esta forma, cerraría el argumento que ha entregado sistemáticamente la Fiden de que no están regulados, sino que los convierte en ilegales.
